Los argumentos del Ejecutivo para refutar la denuncia de Nisman

13 de febrero, 2015 | 08.31
En representación del Estado argentino, la Procuración del Tesoro presentó hoy ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas, un escrito de 68 páginas -con varios documentos anexados- que constituyen las pruebas para desestimar el texto de Nisman sobre un presunto "encubrimiento" del Gobierno a Irán en la causa AMIA.

Se trata de un documento "de carácter institucional aportando los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de los hechos sobre los que versa la denuncia formulada el 14 de enero de este año por el ex titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA, doctor Alberto Nisman", indicó un comunicado de la Procuración.

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La presentación de la Procuración del Tesoro coincide con el pronunciamiento del fiscal Gerardo Pollicita, que tendrá lugar este mediodía ante el juez Rafecas en torno a si dispondrá o no la apertura de una causa por la denuncia de Nisman. La misma alcanza no sólo a la presidenta Cristina Kirchner sino también el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente Luis D Elia y el jefe de Quebracho Fernando Esteche, entre otros.

Según señaló, tal presentación "se efectúa en el marco de las normas orgánicas que delimitan las competencias y obligaciones de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional".

La Procuración del Tesoro, cuya actual titular es Angelina Abbona, depende directamente del presidente de la Nación y tiene como función brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y organismos dependientes, además de asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio y dirigir su cuerpo de abogados.

El texto que se presentará fue difundido este jueves por la noche en la página oficial de la Procuración del Tesoro y sostiene que "no existe prueba alguna, siquiera de carácter ´indiciario´ que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno nacional, susceptibles de se encuadradas en los ilícitos penales" denunciados por Nisman.

También indica que los informes técnicos del Ministerio de Planificación, de Economía y Finanzas Públicas, de Inversión Pública y Servicios y de la AFIP "desbaratan las afirmaciones de la denuncia", en el sentido de que la firma con Irán del Memorandum habría tenido un móvil ilegítimo tendiente al intercambio comercial de granos por petróleo entre ambos países, tal como denunció el fallecido fiscal.

En el escrito se plantea que la Argentina "no tiene necesidad de petróleo iraní" porque "resulta técnicamente inadecuado para nuestra refinerías", y sostiene que "el Estado Nacional, por sí, no ha comercializado, ni comercializa, con la República Islámica de Irán". En ese sentido, aclara que "son empresas privadas las que exportan con destino a esa Nación, destacándose que, luego del año 2010, y hasta la fecha, los volúmenes de intercambio comercial con Irán viene decreciendo".

"Queda desvirtuada la supuesta pertenencia a los cuadros de la secretaria de inteligencia de la Presidencia de la Nación de los señores Héctor Luis Yrimia y Ramón Allan Héctor Bogado, a quienes el doctor Nisman les atribuye el carácter de agentes de inteligencia que habrían ´operado´ en representación del Gobierno nacional en el marco de plan delictivo denunciado", sostuvo además el escrito, basándose en información que ya había difundido la SI sobre esas dos personas.

E insistió en que "las distintas comunicaciones y notas de Interpol, especialmente la que fue remitida" a Cancillería por el ex secretario general de esa organización, "dejan en claro, en todo momento, y de una manera firme y consistente, que antes y después de la firma del Memorandum el gobierno argentino sostuvo que debía mantenerse la vigencia de las notificaciones rojas" contra los iraníes imputados de cometer el atentado a la AMIA.

La Procuración del Tesoro advirtió, a su vez, que el sentido del escrito que presentará es el de "aportar elementos de juicio y antecedentes documentales que indudablemente han de servir para una rápida dilucidación de los hechos sometidos a la investigación" y con la intención de "contribuir con la labor que es propia del Poder Judicial en pos de los hechos denunciados".

Además, el escrito recuerda que cualquier decisión sobre la causa AMIA es "privativa" del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, doctor Canicoba Corral, y "que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene ninguna atribución tiene al respecto".

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