Los abogados de Cristóbal López y Fabián De Sousa le piden al juez Bonadio que los libere

Tras ser beneficiado en la causa por la presunta venta de C5N, los abogados de los empresarios buscarán que se levante la prisión preventiva. 

20 de septiembre, 2019 | 10.19

Tras el sobreseimiento en la causa que investigaba la presunta venta de C5N, los abogados de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa pedirán al juez Claudio Bonadio que los excarcele. De esta manera, y si obtienen un trámite favorable, los dueños de la principal señal de noticias del país saldrían en libertad. 

Según contaron en el programa Habrá Consecuencias, por El Destape Radio, los defensores de López y De Sousa elevaron el pedido ante Bonadio, que los mantiene en prisión por las causas vinculadas a los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Es por este motivo que aun no recuperaron la libertad, pese a que el TOF3 los excarceló en el marco de la causa por la presunta evasión impositiva. 

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En esa causa, en la cual ya se demostró a partir de pericias de la propia Corte Suprema que el monto adeudado era mucho menor y que el grupo Indalo estaba abonando puntualmente a través de un plan de pagos que la AFIP canceló cuando asumió Mauricio Macri, los miembros del tribunal que llevan adelante el juicio aprobaron la excarcelación luego de que sobreseyeran a los empresarios en otra causa, que investigaba una presunta venta fraudulenta de sus acciones al Grupo Ceibo. Los jueces entendieron entonces que, a partir de aquel fallo favorable, no había riesgo procesal para que puedan seguir el juicio en libertad, algo que aun no lograron por culpa de Bonadio. 

El columnista Horacio Verbitsky consideró la prisión de los empresarios como "uno de los casos más escandalosos de estos años" y recordó que De Sousa denunció que el propio Mauricio Macri le exigió para alivianar su situación judicial que pongan a los medios de Indalo al servicio de la "desestabilización" de Cristina Kirchner con el fin de lograr su encarcelamiento. 

A su vez, el periodista Ari Lijalad recordó cómo el Gobierno ejecutó la maniobra, que incluyó contratar a dedo al estudio de abogados del ex diputado Ricardo Gil Lavedra por 4 millones de pesos para que lleve adelante la causa. Esto, pese a que la AFIP tiene un importante equipo de letrados que impulsa las causas en las que participa. El ente recaudador argumentó que no tenía a los profesionales necesarios para la complejidad de esta tarea. "La complejidad era que necesitaban meterlos en cana sí o sí, por eso necesitaban a alguien dispuesto a eso", remató Verbitsky.