El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti - que fue confirmado la semana pasada en su cargo por tercer período consecutivo-, aseguró que el objetivo del alto tribunal es ser independiente del poder político de turno, aunque remarcó que debe controlarlo.
Por otra parte, aclaró que la impunidad y el narcotráfico son dos prioridades para el tribunal. Al respecto, afirmó: "La gente tiene razón al pensar que la inseguridad se ha agravado. Pero, ese problema se debe afrontar con políticas de Estado continuas de todos los poderes nacionales y provinciales: El narcotráfico también es un flagelo preocupante, junto con la impunidad. A esto no escapa que el Poder Judicial debe hacer una autocrítica y tener otra actitud: ser más receptivo de las demandas sociales. Hay que acortar los plazos en los juicios, para combatir la impunidad".
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En una entrevista concedida a La voz del Interior, Lorenzetti afirmó que "la función principal de la Corte es proteger a los ciudadanos. Esto significa que los derechos de cada uno sean respetados, más allá de dónde viva y en qué condiciones viva" y aclaró: "Tenemos que lograr que los derechos sean gozados por la gente. Hay discursos, pero luego hay una gran diferencia entre lo que marca la ley y la realidad. Y eso afecta la credibilidad de las instituciones".
En cuanto a los tres poderes, dijo que "no pueden hablar siempre de disputas de poder. Hay que prestarle atención a la agenda concreta de la ciudadanía. Esta Corte hace un gran esfuerzo para enfocarse en resolver los problemas de la gente" y habló de la relación de la Corte con el Gobierno: "El Poder Judicial, que no se elige por el voto, tiene la función de control, poner el límite a decisiones inconstitucionales. La Corte tiene que ser independiente del poder político. Siempre se dice la Corte de Alfonsín; de Menem de Kirchner. Debemos terminar con eso".
Al ser consultado sobre si el Gobierno presiona a la Corte, afirmó: "Hay presiones de todos lados. En todo juicio hay presiones de la partes intervinientes, sobre todo si alguien tiene poder pero eso no nos puede afectar como jueces. Si la Presidenta dice algo, que lo diga. Lo que no nos puede pasar, es que esas opiniones nos afecten. Si un juez se siente presionado, se debe retirar del cargo".
"Que los jueces sean elegidos por el voto popular no se discute en ningún lugar del mundo. Imagínese: deberían hacer campaña y para ello, conseguir fondos que sacarían del Estado o las empresas así que después no podrían fallar con independencia. Sería muy peligroso que los jueces fueran elegidos. Los jueces estamos para poner límites. A otros poderes del Estado y también al poder empresario", aclaró sobre la propuesta de que los jueces sean electos por los ciudadanos.
Sin embargo, sí opinó sobre la famosa "democratización de la Justicia": "La idea de democratización nunca fue bien aclarada. Se supone que se refería a la elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura y es una cuestión muy específica que no significa mejorar el funcionamiento de la Justicia".