El mismo día en que la Corte dio a conocer que utilizaría su caso para emitir un nuevo fallo sobre la aplicación del 2x1 para delitos de lesa humanidad, el represor Rufino Batalla fue excarcelado por haber cumplido dos tercios de su condena por crímenes en el centro clandestino de detención La Cacha. Todo indica que para Batalla será una de cal y una de arena: ya en su casa de Formosa, recibirá el nuevo fallo del máximo tribunal – que se espera adverso - sobre la aplicación de la ley 24.390 para delitos de lesa humanidad.
La decisión de excarcelar a Batalla la tomaron el lunes los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, pero se hizo efectiva ayer, el mismo día en que la Corte dio a conocer el calendario de casos resonantes que tratará antes de fin de año.
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Batalla fue condenado el 24 de octubre de 2014 por 55 casos de secuestros, 71 de torturas y por la participación en los homicidios de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y de Olga Noemí Casado. Después de estar unos meses prófugo, había sido detenido el 14 de julio de 2010, situación en la que permaneció hasta ayer.
El represor estuvo detenido ocho años y cinco meses. Además, el TOF le computó cuatro meses más por estímulo educativo, es decir, por haber hecho dos cursos dentro de su lugar de detención en la Unidad 10 de Formosa: uno de auxiliar de marroquinería y otro de operador de PC. También su defensora había pedido que se le sumara uno de relojería, pedido que fue desechado meses atrás por los integrantes del TOF 1 de La Plata. Así llegó a los dos tercios de la pena que le permitió a este ex integrante del Destacamento de Inteligencia 101 salir de la cárcel.
Batalla sentó domicilio en su provincia natal de Formosa, más precisamente en una casa del barrio San Blas en Laguna Blanca. Su esposa, Erotida Uzain, funcionará como fiadora. Los jueces Pablo Vega, Daniel Esmoris y Germán Castelli impusieron condiciones para la excarcelación: no podrá ausentarse más de 24 horas de su casa sin autorización del tribunal, debe presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados y no puede tomar contacto con sus víctimas.
Pese a haber sido condenado en 2014 por el mismo tribunal, aunque con una integración distinta, la sentencia por los crímenes de La Cacha aún no está firme. Abuelas recurrió el fallo y pidió que le cambiaran la calificación legal a Batalla de partícipe secundario a coautor, y que se lo condenara a perpetua. La Cámara Federal de Casación todavía demora esa resolución. De haberse pronunciado en sintonía con el pedido del organismo, Batalla no podría estar accediendo a la excarcelación porque no habría cumplido con los dos tercios de la pena.
¿Quién es Batalla?
Batalla nació en 1947 en Formosa. Según él declaró en su indagatoria, se sumó al Destacamento de Inteligencia 101 en diciembre de 1976. Operó como agente secreto y fue uno de los guardias del centro clandestino La Cacha. Los genocidas lo llamaban así en alusión a la Bruja Cachavacha, un personaje infantil, que se valía de su escoba para hacer desaparecer todo lo que barría.
Una de cal y una de arena – otra vez
Hasta la semana pasada, la Corte no iba a usar el caso de Batalla para dictar un nuevo pronunciamiento sobre la aplicación del 2x1 para los genocidas de la última dictadura. El elegido entonces fue José Bettoli, un represor condenado por delitos de lesa humanidad en Chaco.
En cuanto, el caso empezó a moverse en el cuarto piso del Palacio de Talcahuano, se aceleraron los tiempos para que Bettoli saliera de la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde purgaba una condena a 25 años y otra a doce. La semana pasada, la Cámara de Casación le concedió la domiciliaria en una de las causas y la Cámara de Apelaciones de Resistencia, en otra.
Contra el 2x1
Son tres de los miembros de la Corte que están promoviendo un nuevo fallo sobre la aplicación del 2x1 para delitos de lesa humanidad: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Los últimos dos habían votado contra su aplicación en el caso de Luis Muiña, represor del Hospital Posadas, en mayo del año pasado. Rosatti se había plegado a Carlos Rosenkrantz y Elena Highton, pero ahora está dispuesto a cambiar su voto – hicieron saber fuentes judiciales – sobre la base de que se aprobó una nueva ley que impide que los represores de la última dictadura accedan a este beneficio, la 27.362, que se promulgó justo después de la masiva manifestación contra el fallo de la Corte.
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