Ley contra el negacionismo

¿Todo puede decirse? Por qué el proyecto no violenta la libertad de expresión. 

23 de febrero, 2020 | 00.10

El presidente Alberto Fernández, en su reciente estadía en París, se comprometió ante organizaciones de derechos humanos a impulsar en la Argentina una ley contra el negacionismo, similar a las vigentes en Francia y varios países de Europa, como Alemania, Suiza, Bélgica, España y Austria.

La iniciativa provoca preocupación en algunas personas que sostienen que se trata de una ley que limitará la libertad de expresión; precisamente esa es la idea, trazar un límite. ¿Quién dijo que todo puede decirse?

 No se prohibirán ideas ni pensamientos, sí conductas y expresiones que atenten contra los cimientos de la democracia argentina, que luego del horror del 76 acuñó colectivamente la consigna Nunca Más terrorismo de Estado. Del mismo modo que el Código Penal establece en su artículo 222 la prohibición y penalización de quien ultrajare la bandera, la escarapela, el escudo, el himno de la nación o los emblemas de la Patria, se penalizará con esta nueva ley a quien se atreva a ofender, degradar, negar, ocultar o destruir la memoria colectiva. Cabe destacar que la memoria colectiva es el resultado de una sublimación política del horror, una construcción emblemática dolorosamente trabajada pieza por pieza por las víctimas, es decir, en mayor o menor medida, toda la nación. Los hechos fueron probados fehacientemente y juzgados por la justicia, por lo que una posible afrenta significa un atentado que afecta a la justicia, a  la dignidad de la patria y la humanidad, porque los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983 son considerados de lesa humanidad, no prescriben.

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¿Qué niega el negacionismo de la dictadura del 76? Niega el terror, la violencia y el odio ejecutado desde el Estado.

¿Qué se prohibirá? Expresiones de odio, narrativas negacionistas como “no sucedió“, minimizaciones del tipo “fueron menos/no fueron tantos“, relativizaciones del estilo “murió más gente por los bombardeos“, o la teoría de los dos demonios: “fue de los dos lados”. Todas formas retóricas que constituyen ataques a la memoria colectiva, la verdad y la justicia. Estamos ante un proyecto de ley cuya función será custodiar esos tres pilares construidos por los organismos de derechos humanos y consensuados por la mayoría social como un límite sagrado.

La deshistorización y el negacionismo son coartadas conocidas que utiliza el poder neoliberal. Debe recordarse que los genocidas del terrorismo de Estado intentaron cubrir sus huellas de todas las formas posibles y tuvieron para ello a su disposición el aparato del Estado. Por su parte, el reciente gobierno de Cambiemos ha degradado la palabra, la verdad y la justicia, por lo que una ley contra el negacionismo será una herramienta más para dar la batalla cultural, fortaleciendo la barrera contra las prácticas neoliberales.

¿Hay derecho a negar o a no querer saber? La respuesta es afirmativa, siempre y cuando el rechazo de la verdad solo implique un costo singular y no recaiga sobre los otros. Esto significa que es posible negar la realidad del terrorismo de Estado a nivel del pensamiento individual, pero no se puede expresar ese contenido ideacional porque tiene valor de afrenta y de daño.

El neoliberalismo, nueva fase del discurso capitalista, consiste en una circularidad sin límite ni corte que, en su carrera por mercantilizar todo, rechaza la imposibilidad y hace creer que todo es posible. Se trata de un dispositivo que implica el debilitamiento sistémico de límites, el levantamiento de barreras sociales y una promoción de la libertad individual que no libera al sujeto sino que lo encadena a una violencia desregulada real, simbólica e imaginaria. Reintroducir el límite es una manera de ordenar y deconstruir la insensata locura capitalista.

La recuperación y fortalecimiento de la democracia debe intentar convertir la violencia y el odio en un conflicto político regulado, contrario a las prácticas ilimitadas del neoliberalismo. La ley asume en la democracia un lugar protagónico por su función ordenadora, porque establece lo que está bien y lo que está mal, categorías fundamentales para el lazo social.

Sabemos que ninguna ley resuelve compulsiones o fijaciones hostiles, y que es necesario inventar permanentemente sublimaciones culturales y suplencias sintomáticas que intenten tramitar la hostilidad social. Una ley contra el negacionismo no modificará la pasión por la ignorancia o la satisfacción en el odio de los que manifiestan expresiones negacionistas o denigratorias. Sin embargo, permitirá custodiar la memoria, que es el instrumento privilegiado del sujeto y de la subjetividad para elaborar lo traumático, trabajo que constituye la condición de posibilidad para la creación política, la  reconstrucción democrática y la identidad del pueblo.