Desde los inicios de los Panamá Papers, Mauricio Macri se desentendió de las acusacoines, al alegar no recordar las offshores de las que se sospecha lavaron al menos U$S 9 millones. Por pedido del padre del Presidente, además, el propio cuerpo judicial presionó a los investigadores para vaciar la causa, que finalmente cayó en Comodoro Py. El fiscal Federico Delgado había cuestionado que el Gobierno no contribuyó con pedidos de respuesta de los exhortos.
El juez Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente, por no encontrar documentos que prueben el lavado de activos por parte de la bahameña Fleg Trading de U$S 9,3 millones. Ante esto, dividió las acusaciones realizadas por el diputado del Frente Para la Victoria Darío Martínez. Por un lado, remitió al Fuero Penal Económico la hipótesis de evasión impositiva. Por otro, le envió al Fuero Nacional en lo Criminal de Instrucción la posibilidad de enriquecimiento ilícito, que ya lo indagaba por el incremento de su patrimonio cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad.
Con requerimiento de la Fiscalía, El Destape proveyó en junio del año pasado documentación que muestra el lavado de dinero de U$S 9,3 millones a través de múltiples empresas. De acuerdo a las más de 200 hojas presentadas, la familia Macri infló el valor de una compañía para trasladar dinero desde una empresa fantasma en Bahamas a una constituida en Brasil.
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La causa que llevaron la Fiscalía 6 y el Juzgado 7 fue duramente criticada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ante un recurso presentado por el padre del mandatario, Francesco “Franco” Macri. En un fallo en el que sólo debían responder su negativa a que Fernando “Pino” Solanas y Alejandro Olmos sean “amigos del tribunal”, los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun vapulearon a los investigadores al acusar que "su particular método de llevar adelante esta causa ha dejado sin norte la investigación”. Además, la Sala II de la Cámara los limitó a que investiguen los hechos alrededor de Fleg Trading y la panameña Kagemusha SA, y no el resto de las 50 offshores vinculadas a la familia Macri.
En cuanto al Gobierno, el principal obstáculo para Casanello y Delgado consistió en el escaso interés de la Cancillería, comandada por Susana Malcorra, en que Brasil levante el secreto bancario sobre las sociedades involucradas, que Inglaterra conteste los exhortos, y que Bahamas y Panamá brinden documentación completa, más que si Macri fue o no director de las compañías. Parte de estas críticas fueron levantadas por el fiscal en algunos de sus dictámenes.
En cambio, la AFIP mostró proactividad y presentó un cronograma de entrega de información de parte de su departamento de Grandes contribuyentes sobre el historial fiscal del Presidente y su padre. Los envíos aún se encuentran pendientes, según pudo averiguar este medio.
Ahora el fiscal Delgado deberá decidir si apela el fallo y la causa se divide o lo avala tácitamente. Pese a la decisión de Casanello, Macri y el resto de los imputados (entre ellos, Francesco) no fueron sobreseídos, e incluso la causa puede volver a sus manos si se encuentra nueva evidencia de lavado de activos.
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El Fuero Criminal y Correccional Federal tuvo la causa poco más de un año, en el que avanzó por los múltiples aportes del diputado Martínez y pese a todas trabas que encontraron. Si bien no es ilegal poseer sociedades offshore, son utilizadas en el mundo para la evasión impositiva, el tráfico de armas o le terrorismo. Es por esto que sus actividades fueron prohibidas en la Argentina cuando Ricardo Nissen manejó la Inspección General de Justicia en 2005, en una de sus primeras resoluciones.
Más allá de esta investigación, queda en manos de Casanello una segunda denuncia que no depende de la voluntad de funcionarios argentinos. En diciembre, una fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de cuentas y offshores Gianfranco y Mariano Macri, dos de los hermanos de Mauricio, por movimientos sospechosos en cuentas bancarias europeas.
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