Una investigación que se sustancia en los tribunales de Comodoro Py hace foco en el accionar irregular de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción (OA). Muestra su manifiesta parcialidad, cómo se transformó en el brazo ejecutor de la persecución del actual Gobierno contra exfuncionarios de la gestión anterior. ¿Qué surge de esa pesquisa? Que la OA se presentó como querellante en 20 causas: 19 fueron expedientes contra exfuncionarios kirchneristas. El restante, que fue contra un macrista, fue el único en el que se le rechazó ser parte. El resultado es contundente: 19 a 0.
¿Qué implica ser querellante? Que Laura Alonso y su equipo puedan tener acceso al expediente y producir prueba, impulsando la pesquisa. Son una parte del proceso.
Luego de que Alonso dijera que en estos momentos no estaba querellando contra funcionarios macristas, se presentó una denuncia en su contra en los tribunales de Retiro. El caso lo está trabajando el fiscal federal Ramiro González, quien pidió a todos los juzgados de Comodoro Py que informen si tienen causas con funcionarios o exfuncionarios denunciados en los que la OA se haya presentado como querellante. La consulta es para casos abiertos desde diciembre de 2015. Es decir, durante la gestión de la exdiputada PRO.
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En Comodoyo Py hay 12 juzgados. Cada uno tiene dos secretarías. Es decir que hay 24 secretarías. Al cierre de esta edición habían respondido 22 (solo no lo habían hecho aún una secretaría del juzgado de Claudio Bonadio y otra del de Sebastián Ramos). De acuerdo a ese relevamiento, la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en 20 causas: 19 fueron expedientes contra exfuncionarios kirchneristas (en cada causa hay muchos imputados, por lo que actúa contra decenas de exfunconarios).
Entre los apuntados por Laura Alonso aparecen la expresidenta y actual candidata Cristina Kirchner (la OA es parte en los casos Obra Pública, Hotesur y Los Sauces, por ejemplo); el exministro de Economía y postulante a la gobernación bonaerense, Axel Kicillof (por el manejo de YPF). También figuran el exvicepresidente, Amado Boudou (Ciccone II); el ex titular de la UIF, José Sbatella (denunciado por la conducción actual de la Unidad de Información Financiera); el exministro Julio De Vido y el exjefe de gabinete, Jorge Capitanich, entre tantos otros.
El único caso en el que la OA intentó querellar contra un funcionario de la actual gestión no prosperó. Se trata de la causa que se abrió contra el amigo del presidente y titular de la AFI, Gustavo Arribas, a partir de una nota del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien había revelado que el ahora jefe de los espías había recibido giros por miles de dólares en una cuenta en Suiza. En esta causa no se aceptó a la OA como querellante. Además, a Arribas le cerraron bastante rápido el “problema judicial”.
Es curioso el 19 a 0 porque Alonso dijo que tenía “falta de recursos humanos” para llevar adelante las querellas. Pero evidentemente sí hay recursos, y de sobra, para que la OA se presente en casos que involucran a exfuncionarios kirchneristas.
¿Acaso no tramitan causas contra miembros de Cambiemos en Comodoro Py?
Funcionario en PROblemas
Según los registros judiciales hubo más de 110 denuncias penales contra el oficialismo desde que Mauricio Macri se convirtió en presidente de la Nación. Y entre los acusados figura la primera plana del Gobierno.
Fueron investigados, entre otros:
-Mauricio Macri. El primer mandatario fue denunciado por intentar beneficiar a su familia en la causa Correo. Buscó una condonación millonaria de la deuda que tiene una empresa familiar con el Estado. Por este hecho fue indagado el ministro Oscar Aguad. El jefe de Estado también fue investigado luego de que apareciera su nombre en los Panamá Papers. Entonces Laura Alonso, invirtiendo el rol que debía tener, salió a defenderlo. Otras causas en las que fue denunciado son las de Parques Eólicos y Ausol, por citar otros ejemplos.
-El entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue denunciado porque a pesar del cargo que ostentaba era a la par accionista de Shell y se negaba a ceder su participación en la multinacional a la que debía controlar. En su momento y de forma tardía, la OA sugirió que venda sus acciones. Pero no ahondó en la cuestión.
-La vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti fue denunciada por tener bolsas con dinero sin justificar en su vivienda.
-El exministro de Finanzas y extitular del BCRA, Luis Caputo, fue acusado de desmanejos con los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) cuando pasó por la Anses. Y de tener sociedades offshore no declaradas.
-Santiago Bausili, que fue mano derecha de Caputo, es un ex Deutsche Bank que cobró bonos siendo secretario de Finanzas.
-Javier Iguacel. Como titular de Vialidad fue acusado de favorecer a Iecsa (empresa entonces en manos del primo presidencial, Angelo Calcaterra) en la adjudicación de obras en la Ruta Nacional 8. También fue acusado en la causa “Peajes”.
-Mario Quintana. Mientras fue vicejefe de gabinete siguió teniendo el control de Farmacity. En pos de protegerlo, desde el Gobierno adujeron que no se entrometía en temas relacionados a la materia “farmacéutica”. Además era accionista de Clarín cuando el Gobierno derogó artículos claves de la Ley de Medios.
- Luis Miguel Etchevehere. El ahora secretario de agroindustria fue denunciado por cobrar un bono de 500 mil pesos por parte de la Sociedad Rural Argentina, patronal agropecuaria que lideró antes de saltar al Gobierno. En el momento que exploto el tema, Alonso dijo que había una falta ética por recibir el dinero pero nunca se presentó como querellante en el expediente. Ante el escándalo, Etchevehere devolvió el dinero. La maniobra fue demasiado obscena.
-Nicolás Dujovne. El ministro de Hacienda, según su Declaración Jurada, tiene una fortuna de unos 100 millones de pesos. Pero declaró que vive en un baldío. Ingresó al blanqueo antes de ser ministro.
- Guillermo Dietrich y Horacio Rodríguez Larreta. El ministro de Transporte y el jefe de gobierno porteño están denunciados por las obras del Paseo del Bajo. Dietrich también suma otros expedientes en su contra como el de “peajes”.
-María Eugenia Vidal. La gobernadora bonaerense fue la principal denunciada por el caso de los aportantes truchos.
Otras esferas judiciales
En el requerimiento del fiscal Ramiro González también se consultó a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional (es decir, a los juzgados de instrucción) y al fuero Penal Económico para que informen si la OA se presentó como querellante en los casos señados.
En el sistema informático de la cámara no surgió ninguna causa que tenga funcionarios o exfuncionarios denunciados y a la entidad que conduce Alonso como querellante.
Respecto al Penal Económico, aún faltan responder algunos juzgados. Por ahora lo hicieron el juzgado penal económico 1 y 9. Y tampoco arrojaron novedades.
AGN vs OA
La Oficina Anticorrupción hace un año que evade una auditoría que quiere realizar la Auditoría General de la Nación (AGN) en ese organismo. Esta resistencia derivó en una presentación judicial por parte de la AGN, que vía un amparo busca poder hacer su trabajo. Esta situación anómala abre un interrogante inevitable: ¿que esconde Laura Alonso? ¿Por qué se niega a que la dependencia que dirige sea analizada?
Además de la manifiesta parcialidad que expone cómo querelló la OA, Laura Alonso también está siendo investigada en Comodoro Py por una contratación irregular de una consultora como su responsable de prensa en el organismo que dirige.
El caso tramita en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. El fiscal, paradojas del destino, es Carlos Stornelli. Por este hecho, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está analizando el desempeño de la exreferente de la ONG Poder Ciudadano.
El dato no es menor. La auditoría que la AGN pretende realizar en la OA podría incluir un análisis de las contrataciones. Y hasta observar si el análisis de las Declaraciones Juradas que hizo la oficina está bien hecho.
Pero por ahora la AGN no pudo hacer su trabajo. “No nos contestan las cartas, nos contestan con evasivas”, dijo el titular de la AGN, Oscar Lamberto. Por eso realizó un amparo.
La presentación recayó en el juzgado contencioso administrativo a cargo de Enrique Lavie Pico. Se trata de un juez a quien se vincula con Daniel “Tano” Angelici. El presidente de Boca y operador judicial es una especie de padrino político de Laura Alonso. Fue justamente la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien denunció a Lavié Pico por favorecer a Angelici en un tema relacionado a los bingos. Ahora todos los ojos están puestos en cómo actuará el juez en este tema tan sensible.
Si la vía del contencioso administrativo no prospera, el caso podría derivar en una causa penal. “Le puede caber un allanamiento”, indicó Lamberto. “Esperamos no llegar a esa instancia, nunca hemos llegado”, concluyó.
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