Las consecuencias de la globalización y el dilema del Frente de Todos

La idea de un “mundo globalizado”, sin fronteras y con una interconectividad fluida entre los países que diera cuenta de una amplia apertura comercial fue un proyecto de funcionamiento social, económico y político promulgado en las últimas décadas de siglo XX, pero que estuvo muy lejos de lograr los beneficios generales que prometían los principales actores internacionales con claros intereses en su aceptación y posible desarrollo. Léase, potencias mundiales, multinacionales, corporaciones o empresas transnacionales.

Concretamente, esta nueva faceta del sistema capitalista estuvo diseñada exclusivamente para implementar el modelo neoliberal que dio lugar a una profundización de la brecha entre ricos y pobres, con una distancia económica y social de ampliación constante, pues al parecer sus límites exceden cualquier protesta o demanda de los sectores menos favorecidos y más afectados por el reparto desigual de las riquezas que atrae esta evolución mundial. En este sentido, a fines de enero de 2020, la organización no gubernamental Oxfam Internacional ha difundido un informe anual en donde asegura que los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas. Esto equivale a un poco más que el 60 por ciento de la población mundial.

Ahora bien, para que una ideología política se convierta en un paradigma mundial a seguir se requiere de importantes jugadores a nivel global enmarcados en lo que se conoce como el establishment económico, político y mediático que logren estimular e instalar este modelo en la opinión pública. Estos grupos dominantes, presentan como portavoces de su lenguaje neoliberal a economistas ortodoxos que han estado promoviendo un principio que a priori se muestra muy sencillo, aunque raramente se refleje en la práctica lo que se manifiesta en su argumentación teórica.

De esta forma, dicha tesis sostiene que la eficiencia del sistema económico se genera al incrementar la riqueza de los de arriba (elites financieras, empresariales y corporativas y los sectores más beneficiados por el funcionamiento de una estructura de libre mercado, sin ataduras a las imposiciones estatales) con la finalidad de que esta acumulación de ganancias derrame naturalmente su generosidad hacia los sectores de menores ingresos, aunque el Estado asuma un rol pasivo en la generación de políticas de distribución de la riqueza.

Nada de esto ha sucedido, pues nunca hubo una correspondencia entre la promesas generales del dogma neoliberal y lo establecido en la práctica. El golpe ha sido duro y la realidad nos demuestra que la desigualdad de oportunidades se transformó en uno de los factores más preponderantes a la hora de buscar las razones que den cuenta del brutal distanciamiento entre los ricos y los pobres, ya que el culto al individualismo que propone la visión meritocrática sumado a la competencia desleal que condena el simple hecho de pertenecer al sector social más desfavorecido, termina generando un esquema de sociedad sustentado en la afirmación de que “cada uno tiene lo que merece” y la creencia que los beneficiados por el mercado han logrado sus objetivos personales sin que nadie les regale nada.

En contraposición, los defensores del modelo neoliberal y la libertad absoluta del mercado sostienen que la generación de ganancias apunta a disminuir la desigualdad, puesto que la acumulación de riqueza de alguna manera impulsaría la creación de más empleo y mejor reparto del rendimiento económico. Sin embargo, el informe de Oxfam demuestra que gran parte de lo obtenido como ganancias no estimula una distribución equitativa y que el incremento económico queda sólo en el vértice de la pirámide social, pues la investigación de la ONG afirma que “un trabajador que hoy está ubicado en el diez por ciento más pobre, debería trabajar tres siglos y medio para conseguir el mismo rédito que una persona que se ubica en el diez por ciento de los trabajadores más ricos”.

EL DILEMA DE TODOS

Frente al contexto de una desigualdad mundial en crecimiento, es evidente que la República Argentina no esta ajena a dicho impacto negativo en materia económica y mucho menos a su consecuente fragmentación social. Basta solamente con recordar que el país enfrenta en la actualidad valores superiores al 40% de pobreza, con un desempleo que llega a casi el 11% y con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que viene siendo una constante desde el retorno del proyecto neoliberal impulsado por el ex presidente Mauricio Macri durante su período de gobierno 2015-2019.

Ahora bien, las últimas elecciones presidenciales dieron lugar a que la victoria de la coalición política del Frente de Todos pusiera fin a un anterior esquema político-económico que empeoró todos los indices negativos, generó nuevos malestares sociales y terminó por profundizar la desigualdad existente en nuestra sociedad. Por eso, el clima de amplias expectativas que genera un nuevo gobierno que desde la teoría (en campaña y en el ejercicio de sus funciones actuales) promueve un programa gubernamental que sabe delimitar cuáles son las prioridades a subsanar en medio de esta coyuntura enmarcada entre la urgencia y el caos, es primordial que encuentre su sustento real en lo empírico mediante hechos concretos que avalen lo que se enfatiza desde lo discursivo.

Para ser claros, la legitimidad política del presidente Alberto Fernández no puede descansar simplemente en el 48% de los votos obtenidos el 27 de octubre de 2019, pues eso sería un grave error. El sustento de su aceptación y acompañamiento debe ser directamente proporcional con las decisiones políticas que el Gobierno ejecute, no tanto de manera cuantitativa sino más bien cualitativa. En este sentido, si tomamos el concepto anunciado públicamente por el oficialismo en más de una oportunidad de "achatar la pirámide", haciendo referencia a reducir las distancias entre los que más ganan y aquellos cuyos ingresos están en constante conflicto con el calendario porque sus necesidades básicas quedan insatisfechas una buena parte del mes, su equivalencia en la práctica no puede presentar dudas sobre qué sector social debe ser el "solidario".

Claramente, hay actores sociales y económicos que se vieron ampliamente beneficiados con el paraíso neoliberal presentado por Juntos por el Cambio y que en el diseño de esta suerte de pirámide social, evidentemente ocupan el sector más bondadoso en el vértice de la misma. Allí es donde el Gobierno debería poner el punto de mira para ejecutar la redistribución de la riqueza de manera más equitativa que busca impulsar y no acorralar a  los sectores medios que se encuentran en una situación de equilibrio virtual para no ser etiquetados como los nuevos pobres.

Por otro lado, es entendible que el Gobierno de Alberto Fernández vea a la situación de crisis de endeudamiento que enfrenta el país como su línea fronteriza más importante para combatir, pues sin reestructuración de la deuda no hay forma de hacer posible la progresividad de cualquier proyecto político. El dilema del Frente de Todos es evidente, pero es fundamental reconocer también que no será factible lograr una estabilidad social y un desarrollo económico subordinando el bienestar de la mayoría social a la acumulación de riquezas y la rentabilidad de los sectores minoritarios y mejor acomodados en la pirámide social.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Técnico Periodista Universitario. Consultor y analista político en Clivajes.