El mismo día en que el fiscal Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía por el juez federal Alejo Ramos Padilla, el empresario patagónico Mario Cifuentes prestó testimonio por más de 9 horas en el juzgado de Dolores y comprometió en una nueva extorsión al agente Marcelo D’Alessio y al periodista Daniel Santoro.
El expresidente de la petrolera OPS -que contaba con unos 2.000 trabajadores según su dueño- relató cómo quisieron quitarle la compañía y fue extorsionado.
La narración incluye un viaje en el Audi de D’Alessio con armas y sirenas de policía, cual película hollywoodense, que fue filmada. Y una amenaza codificada del periodista de Clarín.
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El apriete
Todo comenzó con el cambio de Gobierno cuando se cayeron sus contratos con YPF, su principal cliente. El 11 de agosto de 2016 la firma agudizó su situación y presentó el concurso preventivo de crisis, según describió Cifuentes. El caso se trató en el Juzgado Nº 31 del fuero comercial de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Vivian Fernández Garello, quien decretó la intervención de la empresa un año más tarde.
Uno de los interventores, el doctor Sicardi, le dijo a Cifuentes -según declaró el empresario en sede judicial-: “Entregue OPS. Esto queda acá. Esta empresa ya la perdió, no arrastre el resto. Esto lo manejamos nosotros”.
El 3 de noviembre de 2017, la Cámara de Apelaciones Comercial de la Capital Federal, sala “E”, revocó la intervención judicial.
En pos de capitalizar su empresa para mejorar su situación, Cifuentes se reunió con dos personas que eran representantes de un inversor a las que, para preservar su identidad, denominó X5 y X6 -aportó sus datos personales en un acta por separado-. Luego se sumó un tercero (X3).
“Entre fines de noviembre o principios de diciembre de 2017, X3 nos convocó a una reunión en el café del MALBA, donde fui con mi hijo y mi abogado, ya que X3 iba a ir con sus abogados. En esa reunión llegó X3 sin ningún abogado y se presentaron dos personas que luego reemplazarían a X5 y X6 como representantes del inversor, a quienes identificaré en esta declaración como X1 y X2”, contó Cifuentes. Ese día, comenzó otra historia.
La persona a la que identificó como X1 le pidió que se reserve el 28 de febrero de 2018 para una reunión de trabajo “muy importante”. De acuerdo a la narración de Cifuentes, pensó que iba a encontrarse con el inversor pero terminó viendo a quien le presentaron como un abogado especialista en temas tributarios. En teoría, esa persona era la llave para “lograr un acuerdo con AFIP” para “homologar el acuerdo por las deudas fiscales que teníamos con el Estado y que teníamos que presentarlo en el marco del concurso preventivo” , dijo el empresario.
Así fue que llegó hasta el country Saint Thomas, en Canning, y conoció a Marcelo D’Alessio, quien se presentó como delegado de la DEA y especialista en Seguridad y Narcotráfico.
El extorsionador no estaba solo. Lo acompañaba una persona que tenía un arma en la cintura y a la que Cifuentes llamó en su declaración X4 -brindó los datos al juez por separado-.
Cifuentes entendió que querían comprarle la empresa a precio vil
En aquella reunión D’Alessio se refirió a “las causas penales tributarias derivadas de la deuda que tenía la empresa con la AFIP, donde él me decía que se encargaría de ponerme abogados y lograr arreglos económicos con los jueces, a lo que inmediatamente le dije que no”, afirmó el empresario patagónico. Él cobraría el 10% en concepto de honorarios. Por supuesto, el ejecutivo debía cambiar de abogados.
D’Alessio también abordó la deuda de OPS. “Él me hablaba de que la deuda era de $800 millones con la AFIP, yo le discutía que ese no era el monto y que contaba con una verificación de deuda en el concurso preventivo por menos de $400 millones, y él me discutía que eso no era así, que la deuda que informaba AFIP era de $800 millones”, dijo Cifuntes. La diferencia no es menor. Sobre todo, al contrastar qué información comenzó a circular por los medios, sobre todo, en el diario Clarín.
A partir de ese encuentro comenzaron los aprietes. D’Alessio llegó a pedirle 1,2 millón de dólares y le dijo a su víctima que podría "plantarle" droga a su hijo.
En su relato, Cifuentes describió un tormento continuo.
Una de las personas que participó de la reunión en Saint Thomas “me mostró conocimiento sobre el concurso preventivo, me dijo que se había reunido con la jueza concursal y me mostró copia de los contratos de venta de acciones de la empresa -eran muchos instrumentos que prácticamente definían la entrega de la empresa al inversor- y me decía para ir a la escribanía para firmarlos, pero yo me negué”, narró el empresario en su declaración testimonial en Dolores.
Y D’Alessio desplegó un modus operandi similar al de otros casos que están siendo investigados como el del empresario agropecuario Pedro Etchebest y el de Gabriel Traficante. Llamó y envió mensajes de Whatsapp a su víctima en pos de “ablandarla”. Lo amedrentó con datos de su vida privada. Entre otros elementos, durante una reunión en un hotel le mostró un documento con membrete de la DEA -no se sabe si es falso. Fue secuestrado de la casa del falso abogado durante el allanamiento-. Allí, “vi mi pasaporte, mi DNI, los datos de mi mujer, mi hijo, mis llamadas telefónicas, los datos dónde vivía, mis ingresos migratorios, alquileres de aviones, etc.”, indicó la víctima.
El extorsionador le dijo que eso era una “causa negra”. “D'Alessio me decía que se armaba una causa judicial y paralelamente me estaban investigando a mí -porque me presentaba documentos con mis datos personales- y que toda esa información que él me mostraba desde su computadora, no estaba en la denuncia judicial pero que después la iban a agregar o presentar”, declaró Cifuentes.
“Te va a quedar la empresa limpia”, le aseguró el agente a sabiendas de que había un inversor interesado. También le advirtió que podía ir a hablar con el juez y “decir que iba de parte de la embajada de los EE.UU”.
Cuando Cifuentes quiso irse de la reunión D’Alessio le ofreció llevarlo. Si bien el empresario contó que se negó varias veces, terminó subiendo al Audi de D’Alessio.
“Subimos al auto y vi que tenía armas ahí adentro -era un arma larga entre los asientos, creo que era un fusil o una escopeta no lo recuerdo-, además del arma que pude ver que tenía en la cintura”, contó el dueño de OPS. Mientras manejaba “prendió unas sirenas de tipo policía y condujo muy rápido, pasando los semáforos en rojo”, añadió ante Ramos Padilla.
La víctima filmó la escena.
Tras ese viaje continuó la extorsión vía Whatsapp. Y comenzó la secuencia que incluye al periodista de Clarín, Daniel Santoro.
Mientras, los encuentros entre Cifuentes y D’Alessio se repetían.
‘Mira el programa de esta noche, si no reaccionas mañana, esto es una guerra, te sacan en Clarín y ahí empieza’”
El 4 de abril lo llamó por teléfono desde un número desconocido o bloqueado y le dijo: “Mira esta noche el programa Animales Sueltos”. Durante aquella emisión “Santoro, cuando hablaba del caso de corrupción de una empresa constructora de Brasil (O.A.S.), en vez de decir la empresa de Brasil dijo el nombre de mi empresa, concretamente dijo 'la empresa constructora O.P.S. que le arregló el departamento y que eso es el pago de la coima para recibir trabajos en Petrobras' y la verdad que eso me llamó la atención, pues era evidente que eso era un mensaje para mí”.
Al día siguiente, volvió a llamar D´Alessio desde un número desconocido o bloqueado y le preguntó a Cifuentes por si había visto el programa. “Ese mismo día me volvió a llamar por teléfono y me dijo ‘último aviso’: ‘Mira el programa de esta noche, si no reaccionas mañana, esto es una guerra, te sacan en Clarín y ahí empieza’”.
El 6 de abril publicó Santoro una nota en Clarín titulada “El nuevo Lázaro Báez: debe $ 800 millones y lo investigan por lavado de dinero”. En la volanta aclaraba: “Otro empresario K que hizo negocios millonarios con el Estado”.
“En otros días, también sacaron notas similares del mismo tenor, con datos erróneos y maliciosos. Siempre fue el diario Clarín”, señaló Cifuentes.
Después de las reuniones con D´Alessio, a él no lo volvió a contactar ni a ver más. Continuó con algunas negociaciones por su empresa que no llegaron a buen puerto. Cifuentes entendió que querían comprarle la empresa a precio vil.
“En diciembre de 2018 el juzgado decretó la quiebra de O.P.S., pese a contar con la doble mayoría de acuerdos con los acreedores que la Ley de Quiebras exige para evitar la quiebra, razón por la cual apelamos esa decisión y hoy la situación está en trámite ante la Cámara Comercial de C.A.B.A”, concluyó.
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