La restructuración de las deudas soberanas como disputa geopolítica

El 24 de julio pasado el Comité ad hoc para los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana creado tiempo atrás por las Naciones Unidas acordó una serie de Principios generales para enviar a la Asamblea General, que los debatirá en septiembre. Con suerte, tales Principios se convertirán en el núcleo del marco legal multilateral para las reestructuraciones de deuda que discutirá Naciones Unidas el año próximo. Si ese marco es aprobado, se convertirá en la primera regulación internacional para los casos de bancarrota de Estados, que hasta ahora se resolvían mediante acuerdos privados con los acreedores, sin instancias legales que los enmarquen. Como bien sabemos en Argentina, en ausencia de marcos regulatorios los fondos buitre con jueces cómplices se las arreglan para torpedear los procesos de reestructuración, buscando ganancias extraordinarias a expensas de los Estados y de los acreedores honestos, algo que además afecta la estabilidad y predictibilidad del orden financiero global.

De los nueve Principios aprobados, el noveno está explícitamente dirigido contra los fondos buitre, ya que establece que, si son aprobados por una mayoría calificada de los acreedores, los acuerdos de reestructuración "no pueden ser afectados, puestos en riesgo o bloqueados de cualquier manera por otros Estados o por una minoría no representativa de los acreedores, los que deben aceptar las decisiones adoptadas por la mayoría". Pero si los fondos buitre son los blancos obvios de esta futura regulación, los países que hoy dominan los mercados financieros también verán sus poderes recortados.

El cuarto Principio, titulado "Imparcialidad", requiere que las instituciones y actores involucrados en los procesos de reestructuración de deuda soberana deben "gozar de independencia y abstenerse de ejercer cualquier influencia indebida sobre el proceso o sobre otros interesados, o involucrarse en acciones que den lugar a conflictos de interés, corrupción o ambas cosas". El sexto establece que la "inmunidad soberana" es "un derecho de los Estados ante las cortes extranjeras". El séptimo y el octavo, finalmente, refieren a la necesaria "legitimidad" de las instituciones u operaciones que involucre la reestructuración y a la conveniencia de que ella minimice "los costos económicos y sociales" sobre las poblaciones de los países endeudados. Si se implementan, estos principios van a afectar el dominio directo que hoy ejercen las potencias financieras –habitualmente EEUU y el Reino Unido, donde operan las principales plazas del mundo– sobre los países que deben atravesar procesos de reestructuración de deudas.

La intervención de las Naciones Unidad en esta cuestión fue motivada por el caso de la Argentina y su enfrentamiento por las decisiones del juez de Manhattan Thomas Griesa en beneficio de los fondos buitre. Cuando el año pasado el juez ordenó el pago en efectivo de su sentencia y bloqueó las transferencias internacionales del país, la Argentina demandó a EEUU en la Corte de La Haya (demanda que fue simplemente ignorada por el país del norte) y simultáneamente propuso a las Naciones Unidas que diseñara un acuerdo multilateral para evitar que estas cosas volvieran a suceder.

Los Principios que hoy están a consideración de la Asamblea General son resultado de esa propuesta inicial de Argentina. EEUU y su puñado de aliados habituales votaron entonces en contra de la idea y no hay dudas de que en septiembre votarán contra estos Principios. Y el año próximo votarán contra el acuerdo; y si se aprueba, como no es de adopción obligatoria, se negarán a firmarlo. Su argumento es que la de las deudas es una cuestión técnica compleja de la que deberían ocuparse organismos especializados como el FMI, y no organizaciones políticas como las Naciones Unidas. Obviamente no se trata de una cuestión de capacidad técnica, sino de confiabilidad: el FMI está dominado por los votos de EEUU y sus aliados, mientras que en la Asamblea General cada país tiene el mismo peso.

Tal como vienen las cosas, parecería otro caso típico de esos en los que las Naciones Unidas dan "apoyo moral" al débil pero ese apoyo no se traduce en consecuencias prácticas. Sin embargo, puede que el desenlace esta vez no sea ese, ya que se ha convertido en una cuestión de interés geopolítico. Ya no se trata de un problema de Argentina y de otras naciones endeudadas que a nadie importan. Ni siquiera se trata sólo de una cuestión de estabilidad del sistema financiero internacional. Es mucho más que eso. Lo que está en juego en este caso es nada menos que el papel de EEUU y sus aliados como líderes globales, en un contexto en el que el mundo está volviendo a ser un sistema multipolar. Buena parte del apoyo a la Argentina contra los buitres vino de países amigos y de otros que temen verse en la misma situación en el futuro. Otra parte vino de otros países que entienden que hay que dar reglas claras y mayor predictibilidad a los mercados financieros globales, lo que a su vez requiere alguna forma de regulación global supranacional e independiente de las instituciones de un solo país. Pero como resulta que ese solo país no es otro que EEUU, a nadie debería sorprender que el apoyo a la propuesta Argentina venga también de China, que se está transformando rápidamente en una potencia financiera capaz de disputar la superioridad norteamericana. Un orden financiero global sin reglas pero dominado informalmente por EEUU es un obstáculo para ese ascenso.

En este escenario, tampoco debería sorprender a nadie que la oposición fundamental a la regulación multilateral de las reestructuraciones de deuda venga no sólo de actores financieros a los que se les acabaría el negocio (como los fondos buitre), sino también de fuerzas políticas norteamericanas, en particular los republicanos. Cuando Griesa falló contra la Argentina, el gobierno de Obama manifestó un tibio apoyo a nuestro país, que continuaba una política anterior en ese sentido. Para muchos demócratas también es claro que el sistema financiero global necesita reglas más claras. Se hizo evidente entonces que el sistema judicial norteamericano no estaba siguiendo al poder ejecutivo de turno sino a intereses más permanentes. Esa divergencia quedó claramente expresada en la prensa del país del norte el año pasado.

Mientras que el New York Times, de orientación progresista, publicó artículos atacando a Griesa como un juez incompetente que avergonzaba al país, el derechista Wall Street Journal declaraba que, al negarse a obedecer a Griesa, Argentina estaba echando agua al molino de los progresistas norteamericanos, en su diabólica campaña para que se pusieran las negociaciones de deudas soberanas "en manos de una nueva burocracia global". Eso, continuaba advirtiendo el diario, daría más poder a "los deudores y a los políticos, a expensas del mercado financiero y de las cortes de EEUU", poniendo en riesgo "la integridad de los mercados financieros de los EEUU a la hora de hacer valer la ley y los derechos de propiedad norteamericanos" ("Argentina Dances With Default", WSJ, July 27, 2014). Hay que destacar que todo esto fue dicho un año antes de que las Naciones Unidas redactara estos Principios que hoy está lista para aprobar. El desenlace posible aparecía a la derecha norteamericana perfectamente claro.

En fin, lo que está en juego en el caso de la deuda argentina y en el debate sobre la regulación de los procesos de reestructuración de deuda en general es mucho más que el negocio de los fondos buitre. Es mucho más que un debate sobre la conveniencia de un mercado financiero con más o menos regulación. Lo que está en juego es la supremacía de las instituciones del Estado norteamericano en el orden mundial. En un contexto geopolítico diferente al actual, una resolución de las Naciones Unidas sobre las reestructuraciones de deuda sería apenas una línea más en los anales de sus buenas (pero impotentes) intenciones. Sin embargo, ya que no sólo un puñado de países pobres y endeudados sino ahora también China y otros mercados emergentes están detrás de esta iniciativa, puede que se transforme en un punto de inflexión del sistema político global.