Las condiciones de trabajo son impuestas por los empleadores, pero encuentran límites en la legislación y en los convenios colectivos. El Estado es responsable de velar por las condiciones y el medioambiente de trabajo (CyMAT), con base en el principio constitucional de progresividad, a través de la normativa que sanciona y del rol indeclinable del Ministerio de Trabajo que debe velar por su cumplimiento.
Por su lado, las organizaciones gremiales desempeñan un papel relevante, adecuando y mejorando los pisos mínimos legales complementando las garantías estatales mediante los convenios y acuerdos colectivos.
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En la medida que el Gobierno se aparta de las funciones que le son propias y estrecha las posibilidades sindicales cercenando su capacidad de negociación, refuerza el poder empresario y deja a su arbitrio la fijación de la forma en que se desenvuelve en la práctica la relación de empleo.
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Otro aspecto determinante es el contexto socio-económico, pues en tanto se incrementa la desocupación, se reducen los salarios y se aumentan las modalidades informales de empleo en particular apelando cada vez más a figuras atípicas de contratación –tercerización, a tiempo parcial, eventual por Agencias-, prestaciones de aparentes monotributistas y trabajo no registrado (que representa el 70% de los nuevos puestos de trabajo en el año 2017), las alternativas de desmejorar las condiciones laborales crecen vertiginosamente.
La situación que se observa en la actualidad se inscribe en una clara precarización que afecta la calidad de vida de los trabajadores, consecuencia inevitable de las políticas neoliberales que vuelven a colocar al factor laboral como variable de ajuste.
Productividad y competitividad
El Mercado –eufemismo que expresa intereses sectoriales- como disciplinador, animado por las apetencias empresariales de un mayor rendimiento laboral que conlleva a una distribución regresiva de la renta y la maximización de sus ganancias, cuenta con el deliberado retiro del Estado en la necesaria regulación positiva en procura de la equidad y del cuidado de quienes viven de su trabajo.
La inestabilidad que pone en riesgo el empleo -cualquiera sea la forma que asuma- y las remuneraciones insuficientes, se traduce en extensas jornadas de labor, supresión de francos, mayor posibilidad de sufrir accidentes o enfermedades laborales, sujeción ilimitada a los mandatos patronales y al maltrato que adopta modos inverosímiles e impensables en la Argentina.
La invocación a la productividad y competitividad sustentadas exclusivamente en el menoscabo de los derechos laborales, se expresan en las reformas de la legislación llevadas a cabo y en los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
Otro tanto ocurre con las medidas persecutorias y estigmatizantes adoptadas contra los jueces del trabajo, abogados laboralistas, sindicatos y representantes gremiales, con las que se intentan neutralizar toda actividad en defensa de los derechos sociales.
Casos emblemáticos
Son muchísimos los casos en que el panorama antes referido se evidencia, pero una razón de espacio me inclina a mencionar algunos recientes que resultan emblemáticos, por su crudeza y porque denotan un similar comportamiento patronal en el sector privado y en el público.
La decisión de CARREFOUR de despedir 3000 trabajadores, promoviendo un procedimiento preventivo de crisis al que se le dio curso aún cuando no habían presentado documentación fundamental (los balances de los últimos años para acreditar la situación invocada), fue acompañada con el requerimiento de congelar los salarios por encima de los pisos convencionales por tres años y eliminar una serie de derechos precarizando las condiciones de labor. El Ministerio de Trabajo actuó en consonancia con los intereses empresarios y la reacción del Presidente Macri fue responsabilizar a los supermercados chinos, a sabiendas de que no se trata de una cuestión local sino se enmarca en una política de esa empresa a nivel global.
El lock out –cierre temporario- que dos veces en este mes ha resuelto CARGILL, para forzar a los trabajadores a admitir las exigencias empresarias en menoscabo de básicos derechos (en cuanto a una remuneración justa, como al mantenimiento de conquistas alcanzadas hace ya muchos años) y para neutralizar la legítima acción sindical, suma ilegalidades –la decisión en sí misma y la pretensión inconcebible en Derecho de no abonar los salarios de esos días- que no motivan reacción ninguna de la cartera laboral, ni mueve al Ministro Triaca a manifestarse, aunque fuera de un modo menos impulsivo como el que otrora mostrara con su empleada polivalente Sandra Heredia.
El caso del INTI (Instituto nacional de Tecnología Industrial) un organismo estatal con más de 60 años que cuenta con técnicos y profesionales de primer nivel reconocidos internacionalmente, fundamental para el desarrollo productivo, responsable del control de calidad y de contaminantes de los más variados productos (pilas, juguetes, sector automotriz etc.); enfrenta una política de desmantelamiento que ya ha desactivado distintos centros de investigación y de innovación industrial. Primer paso para concretar una futura privatización o tercerización de sus funciones, como de los servicios rentables que presta a las empresas clientes y la lógica transferencia de conocimientos de enorme valor.
A pesar de tener asignado un presupuesto superior en un 60% al del año 2017 y contar con importantes recursos de fuente no estatal, se ha procedido a despedir a 258 trabajadores de los cuales 194 (incluidos 33 delegados) son afiliados a ATE, que es el gremio principal en el INTI con un tasa de afiliación mayor al 40% y que ha impulsado un plan de lucha en defensa de ese organismo.
No todo está perdido
Resistirse a naturalizar la degradación del empleo, a banalizar la destrucción de puestos de trabajo formales y su sustitución por la subocupación o la informalidad laboral, es una exigencia que impone un doble ejercicio de memoria.
Retrotraerse a los años 90’ del siglo pasado, recordando las terribles consecuencias sociales que produjeron similares políticas, colocándonos frente al peligro inminente de la pérdida de toda institucionalidad republicana; y a los primeros años de este siglo, cuando se pudo salir del infierno generado por los mismos que hoy se benefician de la inequidad imperante, recuperando condiciones de vida y de trabajo dignas, demostrando la existencia de otras alternativas para sortear las dificultades propias de la economía local y del impacto que produce la originada en otras latitudes.
Ante la invisibilidad de las bondades del “cambio”, hacer visibles las realidades cotidianas que contradicen el discurso oficial de la posverdad –recurso retórico para instalar la mentira- y que dan cuenta de la vertiginosidad regresiva en materia de derechos sociales.
Exigir el ineludible compromiso sindical, con una acción gremial unificada en base a un programa común que supere lo meramente declarativo, ganando la calle que es el espacio tradicional e insustituible de expresión popular, para superar el bloqueo mediático y la pasividad –o complicidad- de las representaciones políticas formales que han defeccionado de sus promesas electorales.
No todo está perdido, pero es responsabilidad de todos que efectivamente así sea.
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