Esto quiere decir que de cada $100 que produce una hectárea promedio en Argentina, ponderando la participación de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, $83,40 se los lleva o los reasigna el Estado con sus políticas, señala el informe.
Esta participación, que es dramática para los productores, es levemente superior al 81,7% correspondiente a la última medición de septiembre de 2014, pero sustancialmente más alta al 73,6% de diciembre de 2013 o al promedio de los últimos 8 años. Cifras similares sólo fueron alcanzadas con las sequías de 2008/09 y 2011/12.
FADA estimó que la razón principal de que la participación del Estado en la renta agrícola "sea elevada durante la última década es la existencia de los derechos de exportación (o retenciones), que aplican una alícuota al precio bruto de los commodities agrícolas, mientras que el resto de los impuestos, que también afectan a otros sectores de la economía, se imponen sobre la ganancia neta o, si se imponen sobre el precio bruto, son trasladables como el caso del IVA".
El salto que se dio en septiembre estuvo explicado principalmente por la caída de precios de los principales granos, que cayeron hasta ese momento un 20,7% en dólares con respecto al año anterior. Mientras que el incremento entre septiembre y la medición actual estuvo explicado por "un aumento de los costos de intervención en los mercados de trigo y maíz".
Los costos de intervención son medidos por FADA como la diferencia entre el precio teórico que deberían tener los granos en el mercado interno (FAS teórico) y el precio al cual realmente se están comercializando (disponible). Una diferencia entre estos dos precios puede responder a una simple cuestión de oferta y demanda en el mercado, pero históricamente esta diferencia estuvo por debajo del 10%.
En 2008 se introdujeron los ROE, que "básicamente son restricciones o cuotas para exportar que el gobierno otorga a diferentes empresas. El fundamento de esta medida radica en evitar un desabastecimiento del mercado interno, para lo cual es efectivo en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo hace caer los precios internos de los productos y termina por desincentivar la producción. El caso del trigo es el ejemplo perfecto de cómo una política como esta termina generando efectos contrarios a los buscados", señalan desde la entidad.
Al momento de la elaboración de este informe, el maíz cotizaba al 83% y el trigo al 72% de sus precios teóricos. "Este alto costo de intervención, sumado al hecho de que la rentabilidad de estos cultivos ya era reducida, determinan que la participación del Estado en una hectárea media de maíz sea del 97,7% de la renta y en el caso del trigo alcance el 140,5%".
Para realizar estos cálculos, se parte del valor bruto de producción agrícola, medido como el valor internacional (FOB) de cada cultivo multiplicado por el rinde promedio, se calculan los impuestos involucrados, los costos de intervención, los costos, la renta de la tierra (arrendamiento promedio libre de impuestos) y el resultado de la propia producción agrícola. Si al valor bruto de producción se le restan los costos, obtenemos lo que en el informe se considera como "renta agrícola".
Lo cierto es que el informe señala que el escenario planteado afecta "la sustentabilidad", ya que el suelo requiere que se roten los cultivos de una campaña a otra, porque cada cultivo extrae y repone nutrientes distintos. "Esto es bueno para la calidad del suelo y el combate de las malezas. El problema, es que al ser negativa la rentabilidad de cultivos como el trigo y el maíz, se obliga a los productores a sembrar cada vez los cultivos más rentables, como la soja, con consecuencias negativas sobre la sustentabilidad del sistema productivo".
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