La Legislatura porteña tratará este jueves el proyecto para modificar el Código de Tránsito y Transporte que impulsa Vamos Juntos. Entre las modificaciones, el oficialismo endurecerá las penas para los transportes que presten servicio para lo que no están habilitados. Esta generalidad, fue aprovechada por el medio oficialista Clarín para golpear a las organizaciones sociales que suelen contratar los micros para transportar a sus compañeros.
En una nota publicada el miércoles con el título “Quieren sacarles la habilitación a los micros escolares que lleven piqueteros”, el multimedio se encarga de asegurar que dentro del proyecto “se destaca es la posibilidad de quitarles la habilitación a los micros escolares que transporten manifestantes a las marchas”. Lo cierto, es que el proyecto no menciona en ningún momento ese punto, sino que, las modificaciones que se introducen es para endurecer las penalidades a aquellos vehículos que presten un servicio al cual no están habilitados.
Así lo pudo confirmar El Destape con uno de los impulsores del proyecto, el legislador de Evolución Marcelo Gouman, quien aclaró: “Le están prohibiendo y multando a los transportes escolares que lleven a cabo otro servicio, un servicio para el cual no está habilitado. Por ello, habrá una mayor penalidad que va desde inhabilitar el registro hasta multas de 200 mil pesos”.
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Desde el bloque de Unidad Ciudadana, uno de los asesores que trabajó en el proyecto explicó que “básicamente se agrega que si alguien está ejerciendo un transporte, de cualquier tipo, para el que no está habilitado te pueden retener el registro, el vehículo, una multa de 200 mil pesos y quitar la habilitación si tenías para otra cosa. También si manejas drogado, contra mano, a exceso de velocidad”.
El proyecto a tratarse no especifica que inhabilitarán a “micros escolares que transporten piqueteros”, sino que la penalidad le cabrá a cualquier vehículo que se maneje de forma ilegal: “Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía y otros sin autorización. El/la titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente, es sancionado/a con multa de diez mil (10.000) unidades fijas e inhabilitación para conducir de siete (7) a treinta (30) días”.
“Estos vagos (por Clarín) dijeron cualquier cosa”, se quejó un allegado al espacio oficialista por la nota que publicó Clarín y que replicaron otros medios afines al Gobierno de la Ciudad, ya que, el artículo engloba a cualquier transporte que sea utilizado para lo que no fue habilitado.
No obstante, desde las organizaciones sociales ven con preocupación este endurecimiento de las penas de tránsito. En diálogo con este medio, el titular de Barrios de Pie Daniel Menéndez aclaró que su espacio se moviliza “en transporte público” ya que “contratar un micro no es algo barato”, pero apuntó que esta modificación “está enmarcando en una intención de endurecer las medidas contra la protesta social e impedir la movilización popular”.
“Hay irregularidades en el transporte, es evidente, es probable que haya micros que no estén en reglas pero esto no es una solución”, apuntó y contó que en varias movilizaciones sucedió que los efectivos de seguridad “paran a los micros en los que viajan compañeros y le piden VTV u otros papeles con el fin de que los compañeros no lleguen a la marcha”.
Asimismo, explicó: “Salvo alguna cuestión puntual de que tengamos que volver de noche, se puede contratar un micro pero son transportes escolares que en su tiempo libre, como no tienen trabajo, complementan ese ingreso”.
E insistió que “se busca estigmatizar a la protesta pero no ven que las movilizaciones se llevan a cabo por las dificultades que implica para una sociedad que las fábricas cierre, que te despidan, que te suspendan, no poder comprar la comida o llegar a fin de mes”.
Por último, el expediente a tratarse cuenta con dictamen a favor por unanimidad, por lo cual, se estima que no habrá mayores inconvenientes para ser tratado. Otra de las modificaciones que se incluye es una sanción y multa de hasta 200 mil pesos para los vehículos que operen con UBER ya que la empresa no está habilitada para dicho servicio.
También se incorporó un artículo para multar por hasta “2 unidades a los vehículos de carga que obstruyera la circulación y que no hayan avisado con 48 horas de anticipación”.
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