Carrión de Lorenzo había presentado su renuncia al cargo de juez a partir del 1 de mayo próximo y el Gobierno de Mauricio Macri le aceptó la dimisión con el decreto 430/2016 publicado en el Boletín Oficial.
En noviembre de 2015 un fallo de la Corte Suprema dio lugar a la acción iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información. Desde entonces se desataron idas y vueltas en los tribunales, pero YPF entregó a tiempo un duplicado del documento al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7 aunque con algunas de sus cláusulas tachadas.
La petrolera adjuntó un pedido adicional de conservar bajo confidencialidad esos puntos considerados como "información estratégica" para la empresa; solicitud que fue rechazada por la demanda. La decisión judicial de Carrión de Lorenzo causó sorpresa en los tribunales debido a que ella cuenta con una copia completa del contrato en cuestión, que le fue entregada el pasado 23 de febrero por la compañía petrolera estatal.
Pero desde el juzgado explicaron que no se puede entregar allí una copia del entendimiento con Chevron debido a que las cláusulas están tachadas, por lo que es la compañía argentina la que debe darle una copia a Giustiniani.
La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, defendió la decisión de YPF de no revelar el contrato al entender que existen una normativa internacional que rige al sector petrolero y condiciona el acceso a las cláusulas secretas por cuestiones comerciales.
Alonso cambió así de parecer tras haber cuestionado duramente como diputada al gobierno anterior por lo que ahora decidió respaldar. La funcionaria admitió que cuando era diputada en 2013, 2014 y 2015, y fustigaba el entendimiento entre las petroleras, no sabía del tema ni tenía la información suficiente para tomar una posición crítica, por lo que -admitió- carecía de fundamentos válidos.
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