La causa por los cientos de aportantes truchos que presentó la alianza Cambiemos en las últimas elecciones legislativas continúa avanzando y la Justicia ya confirmó lo publicado por este medio: figuran beneficiarios de planes sociales, el 99% de ellos fueron afiliados al PRO sin su consentimiento y todos ellos sostuvieron ante el juez Casanello que no hicieron ninguna contribución financiera.
Durante las últimas semanas, 50 personas que figuran aportando a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en 2017 y que fueron identificadas como falsos financistas por una investigación realizada en El Destape, declararon ante Casanello e indicaron que no participaron de la colecta financiera, y que no aportaron un solo centavo a Cambiemos.
Segun detallaron a este medio fuentes judiciales con acceso a la causa, todos desmintieron también haberse afiliado al PRO que preside la gobernadora María Eugenia Vidal, por lo cual les habrían falsificado la firma para ello. Por este punto es que el juez Casanello ya envió a peritar las fichas de afiliación de esas personas, a fin de identificar si fueron también "truchadas".
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En ese caso, la situación judicial de los responsables de la campaña y del partido oficial se podría complicar y mucho, al punto tal que podría perder la personería en la Provincia.
Además, el magistrado también envió una intimación al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), donde solicita que se informe cuántos del total de aportantes reciben planes sociales o son cooperativistas del ex plan Argentina Trabaja y Ellas Hacen, hoy denominado Hacemos Futuro.
Pero esas no son las únicas novedades judiciales en el tema, a más de dos meses de su publicación: una auditoría realizada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) recomendó no aprobar la rendición de cuentas de la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires para las PASO 2017, a partir de múltiples irregularidades encontradas por la investigación de El Destape sobre los aportantes truchos.
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