El Gobierno de la Ciudad distribuyó en todas las secundarias un protocolo anti-tomas ilegal que fue suspendido por la Justicia escasos días después de su implementación. Buscaba criminalizar la protesta estudiantil en contra del proyecto Secundaria del Futuro. La investigación interna está plagada de declaraciones contradictorias, intentos de tapar responsabilidades y continuas dilaciones.
Entre agosto y septiembre del año pasado, el Ministerio de Educación porteño les había ordenado a todas las autoridades escolares denunciar en comisaría a todos estudiantes que tomen las instituciones. Tras la denuncia de los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva, la jueza del fuero Contencioso Administrativo Elena Liberatori suspendió el instructivo mediante una cautelar el 13 de septiembre del año pasado. Ésta se encuentra vigente y firme, dado que fue confirmado por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones el 30 de noviembre.
Pese a los fallos, la titular de la cartera, Soledad Acuña, negó la existencia de tal mandato. En sede judicial dijo nunca haber distribuido el protocolo y prometió una investigación interna. El 11 de septiembre, declaró frente Liberatori que el protocolo “no fue emitido por acto administrativo por la ministra ni por ningún otro funcionario de este ministerio”.
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El 24 de abril, el Gobierno que dirige Horacio Rodríguez Larreta reiteró ante el juzgado de primera instancia que “no existe ningún acto administrativo ni funcionario del ministerio que haya emitido ningún acto que indique que el supuesto texto, que nosotros desconocemos, esté vigente”.
No obstante, los mensajes existieron y el documento también. El instructivo fue remitido a todas las secundarias públicas de la Ciudad a través de la casilla de correo institucional de la Dirección de Educación Media. Allí dispuso que, en caso de toma de edificio, la autoridad debía concurrir a la comisaría como responsable legal del establecimiento para denunciarlo como delito o contravención. Las órdenes del Gobierno porteño fueron cumplidas por algunos de ellos, que iniciaron actuaciones contra los menores.
Ante esta situación, la Procuración General de la Ciudad inició una investigación, a la que El Destape tuvo acceso exclusivo. Uno de los primeros entrevistados por el director general de Sumarios, Ricardo Ruggiero, fue Carlos Mansilla, titular de la gerencia operativa del servicio de orientación jurídica al docente y a quien el protocolo indicaba como contacto del ministerio. El 12 de marzo de este año, Mansilla respondió no tener conocimiento de la existencia del correo: “Desconozco su contenido y veracidad”. Recordó que en 2012 se había evaluado un anteproyecto similar para regular la actuación del Ejecutivo ante tomas, pero dijo nunca se llegó a aplicar.
Contrario a esto, la rectora de una de las escuelas del distrito 12 explicó que durante la gestión de Esteban Bullrich también se distribuyó: “Tomé la vicedirección en 2013 y ya figuraba ese protocolo en carpeta”. Agregó que el año pasado “el supervisor de la región, Sergio De León, concurrió a la escuela antes de la toma, los días en que ocurrió y los posteriores. Fue él quien nos dijo que había que dar aviso al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes”, como indica el instructivo.
La testimonial de otra directora jubilada reconoció que el Ministerio de Educación le ordenó criminalizar la protesta estudiantil. “Desconocíamos que el instructivo estaba derogado. Yo cumplí con todos los pasos que decía, incluso acudía la comisaría 50 a efectuar la denuncia por la toma”. Consultada por el funcionario de la Procuración por si consultó a algún superior, aclaró que fue De León quien la llevó a cumplir con el protocolo.
Daniel Altamiranda, profesor de prácticas en la escuela normal 2 y en la Dirección de Formación Docente en comisión de servicios. Explicó ante el funcionario de la Procuración que se enteró del instructivo por los padres y que consultó a sus superiores por el asunto. No obstante, el 8 de septiembre del año pasado se habría presentado en el Ministerio Público Fiscal para denunciar una toma.
La titular de la Dirección de Educación Media, Patricia González, de donde salió el mail con el protocolo, dijo en la investigación sumaria: “No tengo conocimiento fehaciente de ese mail, desconozco la casilla de correo de la cual se habría remitido a las distintas escuelas”. “No me consta que el mail haya salido de esa dirección de correo pero, a ella tiene acceso mucha gente perteneciente a la dirección. La casilla es institucional”, agregó.
Quien la secunda en el cargo confirmó ante la Procuración que “a la casilla acceden distintas personas, es imposible dilucidar quién pudo –en su caso- enviar ese correo electrónico”. De las declaraciones resulta llamativo el aparente libre acceso a una cuenta institucional y que los funcionarios no se hayan percatado del correo sino después de la denuncia de Moreno y Oliva, que derivó en el fallo que anula el protocolo.
Pese a la insistencia de Acuña, el instructivo existió y se distribuyó con un fin específico: criminalizar la protesta estudiantil, que se negaba a la aplicación de la Secundaria del Futuro, un programa que mercantiliza la educación e implementa pasantías gratuitas obligatorias. Una vez que salió a la luz, el Ejecutivo salió a negarlo. Este medio contactó a la cartera educativa, pero ésta no realizó ningún comentario.
Las denuncias que nunca deberían haber existido
El 8 de septiembre, una de las autoridades de la escuela Mariano Acosta se presentó ante el Ministerio Público Fiscal debido a que “la Dirección de Formación Docente le solicitó que realizara la denuncia”.
Constan en el expediente judicial otras nueve denuncias recibidas por delegaciones policiales y fiscalías. Seis de ellas correspondieron a la escuela normal en lenguas vivas Sofía Brosquen de Spangenberg y tres al colegio Fernando Arranz.
Su sumaron a esto las actuaciones de los directivos de la escuela Manuel Belgrano, Antonio Devoto, Liceo 9, Fernando Fader, Federico García Lorca, Julio Cortázar, Escuela Media 2 y la especializada en cerámica Fernando Arranz.
El Ejecutivo insiste en el apartamiento del asesor tutelar
La asesora General Yael Bendel, ex funcionaria del Ejecutivo macrista, dispuso un recorte en las funciones que desarrollaba el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo, Gustavo Moreno. La resolución le imposibilita, desde mayo, nuevas actuaciones de primera instancia.
Si bien desde la oficina de Bendel defienden que de esta manera se ordena el accionar del Ministerio Público Tutelar, lo cierto es que su decisión fue cuestionada por decenas de organizaciones del ámbito jurídico y del ámbito social.
Por la resolución, los abogados del Poder Ejecutivo porteño le pidieron a la jueza Cecilia Molica Lourido que excluya a Moreno de la causa donde reclama información pública y participación activa para los estudiantes en el debate de la reforma educativa Secundaria del Futuro. De accederse a ello, la resolución de Bendel tendría efectos retroactivos a las causas judiciales y actuaciones extrajudiciales anteriores que aún mantiene el asesor.
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