A la uruguaya. A la portuguesa. Reestructuración. Reperfilamiento. Resulta ya un hecho que la deuda con el FMI será imposible de cumplir en los términos en los que se comprometió la alianza Cambiemos, por lo que las especulaciones sobre cómo podría ser un futuro acuerdo están a la orden del día. Sucede que, en efecto, el macrismo se comprometió a abonarle al FMI 5.600 millones de dólares en 2020, 21.000 millones en 2021, 22.000 millones en 2022 y 7.500 millones en 2023, a lo que se le deben sumar otros más de 100.000 millones en títulos públicos con sus correspondientes intereses, en el contexto de un país que tiene cerrado el financiamiento externo, prácticamente agotó el crédito de 57.000 millones del FMI, y cuyo tendón de Aquiles es la restricción externa, es decir la carencia de divisas. La idea de una renegociación, se fortalece por el dato de que el FMI tiene el 60 por ciento de su cartera colocado en el país, lo que remite al conocido dicho que reza que si la deuda es muy grande, quien tiene un problema no es el deudor sino el acreedor.
El problema de todos estos análisis, es que soslayan que el FMI no es un prestamista tradicional interesado en los intereses y el capital, sino que desde su conformación fue un instrumento de dominación. Sucede que, como bien señala el economista Claudio Scalleta, el objetivo del FMI “no es otro que el de las clases dominantes locales y globales, que trabajan en conjunto: destruir las funciones del Estado” para “mantener un determinado orden económico y el lugar en la división internacional del trabajo y las políticas que el capitalismo occidental quiere para países como, para el caso, Argentina”.
Por eso, la idea de acordar con el FMI una reestructuración que beneficie a la Argentina, consistente en generar una economía sustentable que permita en una segunda instancia cancelar la deuda al FMI, puede ser cuanto menos puesta en cuestionamiento, en la medida que difícilmente un organismo creado para sostener un neocolonialismo, aceptará sin mayores reparos un programa que tenga como fin eliminar su influencia en el desarrollo económico local.
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Fue, de hecho, el argumento esgrimido por Néstor Kirchner cuando celebraba el cancelamiento de la deuda de 9.530 millones de dólares que Argentina sostenía con el FMI, la cual fue decidida de forma unilateral y sin acuerdo con el Fondo, afirmando que el pago serviría para “ganar grados de libertad para la decisión nacional”, y le permitiría a nuestro país dejar de estar atado a “los reclamos y exigencias del Fondo”. Aquella salida de 2005, coordinada con Brasil y bajo un efecto sorpresa para evitar seguir atados al FMI, significó no solo la soberanía económica, sino una de las décadas de mayor crecimiento y distribución que haya tenido nuestro país en su historia. Para la ortodoxia económica, hoy en el gobierno, el pago completo había sido un mal negocio, pues la tasa de interés de los préstamos del FMI eran sensiblemente menores a los del mercado, soslayando el hecho de que el FMI se inmiscuía en políticas económicas soberanas y de desarrollo nacional. Aunque, cierto es, con una fórmula compartida por la derecha liberal local, es decir a través de un diagrama neoliberal de transferencia de recursos de los sectores populares al capital financiero. No es casualidad, en ese sentido, la buena sintonía de la alianza Cambiemos y el FMI para aplicarlas las políticas de estos últimos años, que incrementaron los niveles de pobreza, desempleo, endeudamiento y vulnerabilidad económica.
Pero haya sido por ingenuidad, por complicidad, o por simple pragmatismo ante el inminente default en que hubiera incurrido la Argentina el año pasado debido al desmesurado endeudamiento que produjo la alianza Cambiemos, lo cierto es que haberle abierto las puertas nuevamente al FMI, no podría implicar otra cosa que una nueva subordinación a los poderes hegemónicos financieros, cuya salida será mucho más compleja que un simple acuerdo que beneficie económicamente a ambas partes, pues en dicho caso habría un rédito político para la Argentina, en la medida que diseñaría una futura salida del FMI de estos pagos, tal como ocurrió entre 2005 y 2015, donde el FMI ni siquiera tuvo permiso de auditar las cuentas nacionales por medio de su artículo IV, excluyéndoselo incluso de la negociación por la reestructuración de la deuda con el Club de París. Incluso, tampoco resultaría gratuito en la actualidad para el FMI que quien llegue a un acuerdo positivo para el país sea un gobierno integrado por sus denostados dirigentes populistas, lo que permite prever más complejidad en la negociación.
Sin embargo, como en cualquier negociación, siempre existen cartas que se pueden jugar, como la falta total de acuerdo alguno, y un potencial crecimiento del país ante la ausencia de los pagos comprometidos. Luce improbable por las sanciones que se le impondrían al país, pero de producirse, sería el peor arreglo para el organismo multilateral.