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En diálogo con C5N, Conti destacó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009, es "una ley que se trabajó desde las bases durante años", al tiempo que destacó que el nuevo decreto de Mauricio Macri "no sólo clausura al AFSCA, la libertad de expresión y el Congreso, sino también la voluntad popular".
En la misma línea, Mariotto afirmó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue "la más debatida de la historia argentina", por lo que concluyó que su reforma "termina con la institucionalidad".
"Hay una impronta de cambio que tiene que ver con un amplio desapego a la ley en todos sus aspectos, por supuesto también contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue emblema de una construcción política cultural que surgió de abajo hacia arriba", sentenció el parlamentario del Mercosur.
Mariotto, quien fue el primer titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) luego de sancionada la ley, reconoció la parcialidad y dilaciones en la aplicación de la norma, pero advirtió que "nada justifica este atropello institucional".
Por otro lado, la diputada advirtió al Presidente sobre los "abusos" de los decretos de necesidad de urgencia y recordó que deben ser implementados únicamente para casos que requieran ser solucionados de inmediato: "¿Le llevaron el DNU a Macri al sur para que lo firme?", se preguntó irónicamente.
En tanto. el ex vicegobernador bonaerense también cuestionó que desde el macrismo "hablan permanentemente de República, pero no saben bien de qué se trata" y remarcó que esta decisión "tiene que ver con el perfil de un gobierno que pone a gerentes de multinacionales frente a los organismos que debería cuidar".
Consultado sobre la expresión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que con esta decisión del Gobierno se acaba "la guerra del Estado contra el periodismo", respondió que se trata "de un apotegma que parece cierto, pero que se construye sobre premisas falsas", para "no decir mentirosas".
"No hubo una guerra contra el periodismo, y lo que hace este decreto es terminar contra la institucionalidad", sentenció el Mariotto, quien sostuvo que "la ley estuvo parada durante cuatro años por distintas cautelares hasta que en la Corte se hizo una audiencia pública".
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