La Corte Suprema de Justicia hizo lugar ayer una presentación de la Procuración General de la Nación y revocó fallos de instancias anteriores que consideraban como Veterano de la Guerra de Malvinas a un ex soldado que durante el conflicto de 1982 permaneció en Comodoro Rivadavia, sin haber tomado parte en acciones bélicas.
De esta manera, el máximo tribunal dejó sin efecto una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que confirmó un fallo de primera instancia en favor del demandante Víctor Hugo Arfinetti, en una causa impulsada en forma conjunta por una treintena de ex soldados contra el Estado nacional, el Ministerio de Defensa y el Ejército argentino.
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Aquella sentencia declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° del decreto 509 de 1988 y declaró el derecho de los ex soldados conscriptos a ser incluidos en los términos de la ley 23.109 de beneficios para quienes hayan participado en acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Para la Corte Suprema, Arfinetti no logró demostrar su participación en acciones bélicas, porque cumplía órdenes de vigilancia y defensa en las bases militares ubicadas en el litoral marítimo patagónico desde las cuales se atacó a la flota británica durante la guerra.
El máximo tribunal, en una resolución firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, avaló una presentación de 2013 de la Procuración General de la Nación y negó que los demandantes en esta causa puedan ser considerados como Veteranos de Guerra sin haber participado en acciones bélicas, definidas en el decreto 739 de 1989.
Este fallo de la Corte se contrapone con otro referido a una discusión similar y que sí benefició al reclamante: se trata del caso del suboficial retirado Carmelo Antonio Gerez y el tribunal avaló en mayo pasado una "acción declarativa de certeza" para que acredite su condición de veterano.
Durante la guerra de Malvinas, el salteño Gerez estuvo en la base naval de Puerto Belgrano, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y luego fue trasladado a la base Aeronaval de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde prestó servicio en la torre de control aéreo, guiando a aviones caza argentinos que partían a atacar al enemigo.
En este caso, los magistrados de la Corte declararon inconstitucional el artículo 1 de la ley 24.892 que extiende beneficios otorgados por las normativas 23.848 y 24.652 a excombatientes que hubieran participado de "acciones bélicas" durante el conflicto bélico de 1982.
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