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El fallo, firmado por los cuatro jueces de la Corte, reconoce el derecho al resarcimiento por cuatro millones de pesos más intereses a la viuda y los tres hijos de la víctima.
Para el tribunal, "el Estado Nacional reconoció ante la CIDH en forma incondicionada y absolua que su obrar violó los derechos de las víctimas y sus familiares, generando la obligación a indemnizar", lo que debió ocurrir a partir de una ley que el gobierno se comprometió a sancionar pero nunca lo hizo.
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