La Cámara de Diputados busca sancionar el proyecto de ley de Emergencia Pública

La sesión comienza a las 15:00, pero antes se desarrollará una sesión especial separada para la jura de cerca de una veintena de diputados.

19 de diciembre, 2019 | 08.17

La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a votar en las próximas horas el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para poder superar la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos se encaminaba a lograr su objetivo de sancionar esta ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal -integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses- y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.

Con el claro rechazo de Juntos por el Cambio, la bancada oficialista -que preside Máximo Kirchner- contó con la colaboración de los dos interbloques para formar el quórum de 129 diputados para abrir la sesión, y además tenía garantizado el apoyo de esos legisladores para la sanción en general y en particular.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el oficialismo cuenta con los "votos necesarios para aprobar" el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "en su actual versión", pero señaló que le sugirió al bloque oficialista mejorar la ley para "construir confianza entre todos y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros". Explicó que le había "sugerido" a Máximo Kirchner "mejorar la ley que se está tratando".

Fernández también propuso que los diputados incorporen "un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas".

De hecho, el Frente de Todos acordó con bloques opositores un cúmulo de cambios para que queden excluidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria los docentes, los científicos, los beneficiarios de la ley Brisa (victimas de femicidios) y las pensiones graciables para ex presos políticos, así como cambios en las retenciones para las pymes agropecuarias, y la eliminación del artículo que impedía incorporar prestaciones al Programa Médico Obligatorio.

El debate fue abierto por el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien destacó "el rol del Estado para defender a los más débiles". Heller remarcó que "este gobierno considera a la función pública como herramienta de transformación, y en el rol del Estado es donde reforzamos la idea de defender a los más débiles y aplicar la justicia distributiva".

El macrista Luciano Laspina rechazó el proyecto al sostener que se "otorgan superpoderes e implica un cierre del Congreso, y es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional" y denunció que el "congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima terminará judicializado". Laspina dijo que "rechazamos este proyecto en nombre del 40% que votó por Juntos por el Cambio para evitar que vuelvan el populismo y los superpoderes" y señaló que "no aceptamos que quieran cerrar el Congreso".

El diputado nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin alertó sobre el estado crítico del sistema de salud argentino y remarcó la importancia de aprobar la emergencia sanitaria en el Congreso de la Nación. "El sistema de salud argentino es mixto, en donde la mitad de la población se atiende en el sector público y la otra mitad tiene obra social", explicó Yedlin.

Otro de los disertantes fue Itaí Hagman (Frente de Todos), que forma parte de la comisión de Presupuesto, y se encargó de advertir "la ausencia de un diagnóstico alternativo al que fundamenta esta ley por parte de quienes se oponen". A lo que sumó: "No pueden mostrar un solo dato que niegue la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social". 

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