En 2019 se cumplen 30 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.737 de estupefacientes en la Argentina, una ley cuya aplicación vino acompañada de criminalización, violencia institucional, encarcelamiento masivo, penas desproporcionadas, entre otras vulneraciones a los derechos humanos. Esta semana también se cumple una década de un fallo histórico sobre el tema, el fallo Arriola. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas. El máximo tribunal del país sentenció que el delito de tenencia para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución Nacional.
En concreto, el fallo Arriola declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años. Sin embargo, a contramano del camino planteado por la Corte alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales por tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes, entre 16 y 30 años, de nacionalidad argentina, de bajos ingresos, sin antecedentes penales que son criminalizados sin estar cometiendo delito alguno al momento de su detención. ¿Qué cambió en estos diez años en el país?
“Llevamos 10 años de omisión legislativa y la ausencia de políticas estructurales desde el Ejecutivo que den cuenta de esa decisión de la Corte y abandonen el paradigma prohibicionista que, en todos los escenarios en los que ha sido aplicado, es parte del problema y de ningún modo parte de la solución”, explicó a El Destape la abogada Ileana Arduino, integrante de RESET (Política de Drogas y Derechos Humanos) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas organizaciones junto a una veintena de articulaciones nacionales y extranjeras, abrieron el debate en el Senado de la Nación respecto a las políticas de drogas a propósito de este aniversario con una serie de charlas en las que participaron más de 50 especialistas de distintas disciplinas y usuarios/as. Expondrá el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien conformó la Corte Suprema al momento de la sentencia.
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“La mal llamada guerra contra las drogas es, en realidad, un dispositivo de expansión del aparato represivo de nuestros Estados y un vector para la injerencia externa, principalmente del gobierno de Estados Unidos, a través de programas de cooperación y financiamiento que, con la excusa de combatir o luchar contra el crimen organizado, expanden el aparato represivo que luego se vuelca hacia los sectores más vulnerables de la comunidad, sino también avanzan en la persistente presión por la militarización de las políticas de seguridad y de las políticas públicas en su conjunto”, agregó Arduino.
El gobierno de la Alianza Cambiemos que hizo campaña por “Argentina sin Narcotráfico”, no hace más que perseguir usuarios y usuarias, lejos de apuntar a los entramados criminales que monopolizan el mercado ilegal de drogas.
“La propia ministra de seguridad Patricia Bullrich reconoce que el 36% de las detenciones refiere a personas que se encontraban en una situación de consumo”, dijo a El Destape Victoria Darraidou, investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En estos diez años se presentaron en el Congreso alrededor de 25 proyectos de ley, de casi todo el arco político, con el objetivo de despenalizar conductas asociadas al consumo, como lo son la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis. Ninguna de estas propuestas prosperó.
Otro de los problemas sobre los cuales apuntan las organizaciones que abrieron el debate esta semana es sobre el presupuesto destinado a criminalizar a las personas que sigue siendo desproporcionado en relación con los recursos destinados a la prevención y el tratamiento de las adicciones
Sin prevención, ni campañas públicas masivas, el consumo va en aumento: del 3,6% de la población consumidora en el año 2010, se pasó a un 8,3% en la actualidad, de acuerdo a datos recolectados por el SEDRONAR. A su vez, el Poder Ejecutivo continúa sin reglamentar la ley de Abordaje de los Consumos Problemáticos, después de cinco años de vigencia.
Por otra parte, la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres, travestis y trans. En Argentina, la infracción a la ley de drogas 23.737, es la primera causa de mujeres presas. La condena más frecuente es de 4 años, por microtráfico. El 60% de ellas se encuentran en prisión preventiva, sin comprobarse aún su culpabilidad. Este aumento del encarcelamiento desproporcionado se replica con la población de mujeres trans y travestis, el 70% de las detenidas en cárceles federales está por venta minorista en un contexto estructural en el que se combinan violencia policial, discriminación falta de oportunidades laborales.
En lo que respecta a la ley 27.350 sobre investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis, de 2017, todavía es una deuda pendiente el acceso democrático a la sustancia, incluyendo al autocultivo. La criminalización contra quienes cultivan cannabis se mantuvo tras la sanción de esta normativa y la amenaza del sistema penal incluye penas de cuatro a quince años de prisión.
El panorama actual plantea la necesidad de nuevas regulaciones y políticas públicas serias que podrían ser tema de la campaña electoral en marcha de cara a un nuevo gobierno.
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