Como adelantó ayer El Destape, el diputado Rodolfo Tailhade denunció en Comodoro Py el entramado de recaudación ilegal que se desarrolló durante la gestión de Mauricio Macri en el ministerio de la Producción y el Trabajo comandado por Francisco Cabrera primero y Dante Sica después. Según los cálculos del legislador, sólo en 2019 se colectaron más de $1.000 millones mediante dos mecanismos diferentes y una estructura que obedecía las órdenes directas de los funcionarios de primera línea.
Tailhade se presentó en la causa que el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita tramitan para investigar el origen del sobre con US$10.000 encontrados en el despacho de Rodrigo Sbarra, exsubsecretario de coordinación del ministerio mencionado, en la que ya fue imputado por lavado de dinero.
En la denuncia se especifica que el sistema de recaudación ilegal se basó en dos modalidades: contratación de personal que no cumplía funciones en la cartera pero que entregaba el 70% de lo facturado a la organización corrupta; el pago de comprobantes a proveedores privados por bienes y servicios sobrefacturados que en muchos casos operaban con sociedades anónimas simplificadas de los propios funcionarios para ocultar bienes y facturar al organismo estatal.
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En ese entramado, detalló el diputado, las piezas clave fueron Sbarra y Sebastián Bideberripe, quienes tuvieron a su cargo la Coordinación Administrativa de Producción y Trabajo respectivamente. Los dos reportaban de forma directa a Ignacio Pérez Rivas, el jefe de Gabinete de Cabrera primero y Sica después.
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El valijero de este esquema fue Claudio Daniel Giménez, quien estaba a cargo de la recaudación al buscar en las oficinas de los proveedores el dinero en concepto de "retorno" por las facturas pagadas por el ministerio. Lo colectado era llevado a un departamento de avenida Belgrano 406, en la Ciudad de Buenos Aires, y recibido por María Fernanda Inza, imputada en la causa de los aportantes truchos.
Giménez trabajó en 2016 en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) y fue director suplente en Arquigreen S.A., empresa familiar de Sbarra de la que tuvo el 16,7% de las acciones como testaferro del exfuncionario, sostuvo el diputado en la denuncia a la que accedió este medio.
Sbarra había sido presidente de Aquigreen hasta febrero de 2017 pero renunció para ser reemplazado por su esposa, Clarisa Camacci, y Giménez como director suplente. Sin embargo, por un conflicto que no se especifica, el "valijero" y testaferro se quedó con $40.000.000 del sistema de recaudación ilegal, por lo que fue amenazado pero luego "firmó la paz" al quedarse con el dinero, abandonar la empresa de Sbarra y volver a "venderle" sus acciones por la módica suma de $2.000.
La de Arquigreen es sólo la punta de un entramado complejo de las sociedades anónimas simplificadas mencionadas en la acusación dado que hay otras que fueron usadas para facturar al ministerio y que "prestaron" autos a los implicados en la estructura ilegal denunciada.
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