Jueces, fiscales y espías, una transformación en los sótanos del poder

“Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”. Este párrafo sonó fuerte en el discurso de asunción de Alberto Fernández, ya que marcaba que iba a avanzar sobre un resorte clave de los últimos años: la persecución judicial y mediática, las prisiones preventivas, las detenciones de opositores, el desbande de los espías y el revoleo de escuchas telefónicas. En sus primeros 90 días de Gobierno, en medio de las negociaciones por la deuda, las medidas contra el hambre, las negociaciones por las tarifas y el novel conflicto sojero, el presidente avanzó en el debate público de la reforma judicial mientras que tomó decisiones concretas y efectivas respecto a los organismos de inteligencia. 

Hasta ahora, en estos 3 meses iniciales, la reforma de la exSIDE avanzó a pasos más acelerados que la del Poder Judicial, donde las resistencias crecieron hasta crear un interrogante sobre el resultado de la reorganización en ciernes, que incluye desde la reducción del poder de los tribunales federales de Comodoro Py a la revisión del régimen previsional especial que rige para los magistrados. Los jueces y fiscales están dispuestos a librar batalla en pos de no ver recortado su poder, y tienen herramientas propias de su oficio como poder de fuego mediático. No está claro hasta donde puede llegar esta escalada.

Sótanos

"Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más". Así encaró el presidente su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 2019. Hablaba de los servicios de inteligencia, de sus relaciones promiscuas con jueces, fiscales y medios de comunicación, del lawfare, de su intención de desarmar el entramado de operaciones políticas, de su decisión de intervenir la exSIDE, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En su primer día como presidente, Fernández anunció la intervención de la AFI y la eliminación de los fondos reservados de los espías, restituidos por Mauricio Macri en el inicio de su propio mandato presidencial para que su amigo Gustavo “Negro” Arribas, a quien puso al frente de la Casa de los espías, contara con ese dinero para lubricar la persecución a opositores. Lo que anunció Alberto Fernández, y cumplió, fue la derogación del decreto 656, por el cuál Macri derogó a su vez el decreto 1311 de CFK, restaurando así el oscurantismo en la exSIDE. 

El presidente Fernández rompió una histórica inercia de gobiernos que creyeron que podían utilizar para bien a la exSIDE o que no creían tener la correlación de fuerzas para desmembrarla. No es un recién iniciado en la materia, sea por su antiguo rol de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y de CFK como por su conocimiento de los tribunales y de la influencia de los espías en esos pasillos.La elección de la interventora de la AFI es destacable. El cargo fue para la fiscala Cristina Caamaño, cuya trayectoria incluye un importante rol en la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra, un paso por el Ministerio de Seguridad y, sobretodo, la gestión de la oficina de escuchas durante el único período de su larga existencia que no se utilizó para el espionaje interno o para la distribución de conversaciones privadas de opositores en canales de televisión.

La fiscala Caamaño dispuso una revisión del personal heredado por la gestión macrista, entre ellos decenas de agentes que fueron pasados a planta permanente en los últimos días de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI. También eliminó numerosos gastos sin justificación que existían en el organismo y dio instrucciones para establecer una sistema de uso del dinero transparente. Las dificultades fueron muchas: no existía en la casa de los espías ningún procedimiento administrativo para el uso de fondos. Ninguno. Cuando, por ejemplo, descubrió que existían archivos de la investigación del atentado a la AMIA en un depósito totalmente venido abajo no había manera de arreglarlo que no fuera con fondos reservados. Caamaño se negó y logró reparar el lugar de forma transparente. 

La clave en la intervención de la AFI, lo que marca un cambio histórico, es la prohibición de que los jueces trabajen con los espías en las causas judiciales. Esto tuvo dos pasos. El primero lo dio la propia Caamaño, que firmó el 13 de enero la resolución 17/20 donde dispuso “la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA y, en consecuencia, su participación como auxiliar de la justicia” y les pidió a los jueces de todo el país que aplicaran “de forma restrictiva” los pedidos de colaboración a la AFI. Hace pocos días el propio presidente firmó un DNU donde modificó la ley de Inteligencia Nacional, cuyo artículo 4 permitía, como excepción, que los jueces podían convocar a los espías para investigaciones criminales. Ahora está prohibido, no hay más excepciones. Investigaciones judiciales y espías deben estar separados. 

Reforma judicial en disputa

En sus dos discursos ante la Asamblea Legislativa, el del primer día de gestión y el de la inauguración del año legislativo, Fernández enfatizó su decisión de terminar con “la utilización política de la Justicia”, su voluntad de hacer del tercer poder del Estado un espacio más transparente y eficiente. Acaso la liberación de varios presos políticos, detenidos de forma arbitraria, sea el fiel reflejo de un cambio de época.

“Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial” y “al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, enumeró Fernández, el 1 de marzo en el Congreso. Con ese marco, explicó los ejes la reforma de la justicia federal que tiene en mente pero que aún no está pasada a papel en sus especificaciones. 

Entre los prinicipales puntos de la reorganización se destaca, por su impacto político-judicial, la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará fueros penales que tienen jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. Así, se disolverá el poder de los tribunales federales de Comodoro Py ampliando la cantidad de magistrados que aborden los expedientes sobre delitos contra la administración pública. Fernández habló de “medio centenar” de magistrados. Es imposible disociar esta medida con la reestructuración de la AFI, que ahora tendrá prohibido intervenir en causas judiciales. Lo que tampoco está claro es que la ampliación de 12 a más de medio centenar de jueces garantice de por sí un Poder Judicial más transparente ni menos autoritario. 

Otro aspecto central en lo vinculado al Poder Judicial es que se viene es la aplicación plena del sistema acusatorio, lo que implica un cambio drástico para con el modelo actual. Con el nuevo código procesal, por ejemplo. los fiscales pasarán a ser los protagonistas de las investigaciones penales en detrimento de los jueces, que perderán el poder que les daba llevar adelante la pesquisa y a su vez juzgar su resultado. 

Para una rápida implementación del acusatorio, hoy activo en Salta y Jujuy, Alberto quiere fortalecer al Ministerio Público Fiscal. Para ello es central nombrar al Procurador General de la Nación. El cargo quedó vacante tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dio un paso al costado presionada por el gobierno de Mauricio Macri, Clarín y los estudios de abogados de la city porteña. En la actualidad, la cabeza del Ministerio Público Fiscal es el interino Eduardo Casal, quien quedó muy identificado con los intereses judiciales del macrismo. El Ejecutivo propuso para sucederlo en el cargo al actual juez federal Daniel Rafecas. Su pliego está en el Senado y debe ser votado por dos tercios de los senadores. 

Entre los aspectos sobre los que el Presidente quiere avanzar en materia judicial figuran: la transformación de la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal, un área central para resguardar los intereses patrimoniales del Estado; la modernización del Código Penal; el mejoramiento del trabajo del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y sanciona jueces; y la instauración del juicio por jurados.

También se esperan cambios en la Corte Suprema de Justicia. El 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa, Fernández hizo referencia a una “optimización” de su “funcionamiento”. Un dato de aquella jornada no pasó desapercibido en la Casa Rosada: con distintas excusas se ausentaron los tres ministros con más poder del Alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Uno de los puntos de la reforma judicial puede ser un cambio en el reparto de los fondos que van al Poder Judicial, reparto que hoy generó una Corte Suprema rica y un Consejo de la Magistratura que no puede afrontar sus gastos.

“Sin consenso y por imposición habrá tensiones difíciles de saldar”, adelantan desde tribunales y expresan la tensión que atraviesa hoy la relación del gobierno con el Poder Judicial. 

El punto de quiebre fue la modificación del régimen jubilatorio de privilegio de los funcionarios judiciales, que tras la media sanción en Diputados se debate en el Senado. La forma en que fue encarado por el oficialismo molestó a jueces y fiscales, quienes sienten que les están recortando derechos. Esto derivó en un goteo de renuncias que por ahora supera la treintena de funcionarios judiciales. La cifra puede ser aún mayor.

Entre los renunciantes se encuentra el fiscal y espía durante el macrismo Eduardo Miragaya, quien integró la AFI entre 2016 y 2017 y quedó envuelto en distintas operaciones de inteligencia que se realizaron contra dirigentes kirchneristas.

Pero además de Miragaya hubo más de una decena de fiscales que decidieron renunciar para acogerse a la jubilación. No obstante, no todos los que habían anunciado que iban a dejar el cargo (en total eran 21, según habían informado a este medio desde la Procuración General) efectivamente dimitieron. Las mismas fuentes aseguraron que hasta el momento se aceptaron 15 partidas. Es que las modificaciones que se le realizaron en la Cámara de Diputados al proyecto que aborda el Régimen Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial llevaron a que muchos de los protagonistas repensaran su partida. Un caso emblemático es el del fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Plee, quien había dicho públicamente que abandonaría el cargo y no lo hizo, señal de que -al menos por ahora- el recambio judicial no será tan rápido como parecía.