La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició el año en la misma sintonía con que culminó el 2018, al fallar en contra de la acción que presentaron la Unión Cívica Radical y el PRO para intentar detener la consulta popular en La Rioja, que busca legitimar un proceso de enmienda constitucional en la provincia. Se trata de un paso clave que busca dar el actual gobernador Sergio Casas para poder postularse a un nuevo mandato.
En un nuevo revés para el Gobierno, por tres votos contra uno – el titular del tribunal, Carlos Rosenkrantz, volvió a quedar en soledad- la máxima instancia judicial del país rechazó el amparo que presentaron los diputados nacionales Héctor Olivares (presidente de la UCR en La Rioja) y Marcelo Wechsler (interventor del PRO en la provincia). El caso se abordó luego de que se habilitara la feria. Carlos Maqueda no asistió a la reunión de acuerdo que se realizó el viernes.
Una vez más a contramano de sus pares, Rosenkrantz consideró que sí se presentaba en esta instancia una "controversia" que permitía la intervención del Alto Tribunal.
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En este escenario, volvió a resaltar el posicionamiento de Elena Highton de Nolasco, quien hasta los últimos cuatro fallos del año pasado estuvo manifestándose en sintonía con los intereses del Poder Ejecutivo –por ejemplo, para elegir al nuevo presidente del tribunal-. Su voto en este caso podría haber modificado la relación de fuerzas. Por su parte, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti votaron juntos. Así, los tres coincidieron que con la consulta popular aún no había un caso para que interviniera la Corte.
Desde la máxima instancia judicial del país, no obstante, resaltan que “la validación de la consulta no implica que se legitime el acto de fondo”. “Ese será otro capítulo”, aseguran.
Y tras no haber logrado hacer valer su recurso, a eso apuesta el Gobierno.
Es más, en pos de golpear políticamente a la Corte, el oficialismo hizo trascender que con este fallo supremo se sienta un precedente que podría habilitar nuevas re-reelecciones en otros distritos.
De esta forma, la Casa Rosada volvió a confrontar con los supremos que le son esquivos con sus decisiones, preocupada por la soledad de Rosenkrantz.
Es que a pesar de que pasó un mes desde el último encuentro entre los cortesanos, la tensión sigue cortando el aire del cuarto piso del Palacio de Tribunales, desde donde aseguran que la “amenaza” de los conjueces estuvo latente durante la feria para abordar el caso riojano.
De acuerdo a la ley, las vacancias cortesanas para poder fallar se completan mediante sorteo con los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. De no ser posible, entran en juego los conjueces.
Como informó El Destape, la nómina de conjueces que el Congreso aprobó en noviembre pasado incluye al apoderado de empresas de la familia Macri e histórico abogado personal, Julio César Rivera; a una abogada del Grupo Clarín, al lobbista y operador judicial del Gobierno Ricardo Gil Lavedra y a varios miembros del establisment jurídico que opera desde el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, reducto de abogados de grandes empresas y escribas de las dictaduras.
Desde otra vocalía buscaron bajarle el tono a la situación y consideraron importante haber cortado con “la inercia de que las ferias no se tocan”. “Si hay un tema para estudiar y que tenga impacto en la población, se abre”, señalaron.
Poco cambió desde la última reunión de 2018 en la que Lorenzetti, Maqueda y Rosatti expusieron la soledad del exabogado del Grupo Clarín: aquel 18 de diciembre no solo fallaron a favor de los jubilados y en contra del Gobierno en la determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro (la votación terminó 4 a 1 a favor del ISBIC) sino que mediante la acordada 44/2018, le recortaron mucho poder al exrector de la Universidad San Andrés al quitarle el manejo económico y administrativo del tribunal. Se trata de una maniobra que nunca antes se había ejecutado con un presidente cortesano y que ya entró en vigencia. En ambos casos, Rosenkrantz quedó aislado con su disidencia, tal como se repitió este 25 de enero.
El 1 de febrero los ministros supremos se vuelven a encontrar. Cuatro días más tarde, el 5 de febrero, será la próxima reunión de acuerdo, la primera post feria.
Se espera que los supremos vuelvan a discutir un calendario de “sentencias sensibles” para resolver en el primer trimestre del año, tal como se realizó entre el 27 de noviembre y el 18 de diciembre pasado. Entre los temas que podrían abordarse, aseguran desde el tribunal, figura el del impacto del impuesto a las ganancias en las jubilaciones (para los especialistas en temas previsionales es un tema que afecta a un muy bajo porcentaje de jubilados al igual que el caso Blanco).
Pero, a pesar del recorte de poder que sufrió, la definición de la agenda de la Corte sigue siendo potestad del presidente del tribunal. Ante este escenario, y en medio de un año electoral, una de las incógnitas es cómo actuará Rosenkrantz. En el Palacio de Talcahuano también ya se empezaron a preguntar qué sucederá con la apertura del año judicial, que después de 11 años no estará en manos de Lorenzetti.
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