El ex titular de la cartera de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue indagado este martes acusado de “beneficiar al grupo empresario Shell, de quien poseía conflicto de interés en el marco de su función pública como ministro”. Aranguren, un histórico de Shell, tenía acciones de la multinacional mientras estuvo a su cargo la supervisión del área energética y tomó decisiones que favorecieron a la petrolera. Entre otras cosas, se le imputa haber incumplido al menos cinco leyes y el Código de Ética de la Función Pública.
Aranguren declaró alrededor de dos horas ante el juez federal Luis Rodríguez. Estuvo acompañado por sus abogados, Alejandro Pérez Chada (el mismo letrado que defiende al presidente Mauricio Macri) y Andrés Coronato. No hubo ningún representante de la fiscalía que interviene en el proceso, que es la que está a cargo del rebelde Carlos Stornelli. Se trató de una indagatoria, es decir, que para el magistrado hay suficientes elementos probatorios que comprometen al exministro, quien se presentó para defenderse de las acusaciones.
El exfuncionario, que cumplió funciones en Shell desde el 8 de marzo de 1979 y se desempeñó como presidente de la filial argentina entre 2003 y junio de 2015, negó todos los cargos en su contra y defendió, de forma insólita, el haber tenido títulos de la petrolera mientras ejerció funciones ejecutivas en el Estado. ¿Qué dijo? Que “no se encontraba legalmente obligado a venderlas, ya que podía retener las acciones en la medida en que no tomara una decisión particular para la empresa otorgante de las acciones”.
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Al parecer, el exministro nunca terminó de comprender los alances de ser funcionario público porque hasta se quejó de que “la venta de las acciones no lo benefició siendo que el precio de las acciones siempre tendió a la baja del precio previo a su incorporación al gobierno”. Es decir, analizó la venta como un negocio, como si él no hubiera sido el encargado de supervisar el área energética, en la que aparecía vinculado “accionariamente” a uno de los actores protagónicos.
En la indagatoria reiteró “que podría haber retenido las acciones” pero que se desprendió “por la presión pública que se generara por su tenencia”. Lo cierto es que hasta la Oficina Anticorrupción le recomendó que vendiera los papeles de la petrolera.
Respecto a este tema, Aranguren se encargó de resaltar que “cuando realizó la venta de las acciones fueron todas aquellas que tuviera acreditadas hasta ese momento (es decir, 12 de septiembre de 2016). Que si bien con posterioridad se le acreditaron otras acciones a su nombre, fueron vendidas en marzo de 2017”. También dijo que notificó de eso a la Oficina Anticorrupción, al Jefe de Gabinete de Ministro, Marcos Peña, e hizo lo propio en las declaraciones juradas que presentó ante la AFIP.
A su vez, aclaró que las acciones poseían un período de tres años para que pudiera ejercer su titularidad, lo que explicaría su reticencia a desprenderse de los títulos que claramente lo ubicaban fuera de la Ley de Ética Pública.
Desde su óptica empresaria, Aranguren intentó explicar que la Ley de Ética Pública así como el Código de Ética lo que dice, a su criterio, es que “lo obliga a no tomar decisiones particularmente vinculadas con la empresa en la que hubiera estado vinculado en los últimos tres años o que tuviera acciones de la misma”. Y subrayó el término “particularmente vinculadas” porque señaló que “nunca ha tomado una decisión que estuviera dirigida particularmente a la empresa que lo empleó en los últimos tres años”. Algo que, a la luz de los hechos, parece estrellarse de frente con la realidad.
La imputación
Al exfuncionario se le achaca haber incumplido mientras ejerció el cargo, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 21 de junio de 2018, las leyes 17.319 (Ley de Hidrocarburos), 19.549 (Ley de Procedimientos Administrativo), 22.520 (Ley de Ministerios), 25.188 (Ética en el ejercicio de la Función Pública) y la 26.741 (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) así como el Código Procesal Civil y Comercial y el Código de Ética de la Función Pública.
Se le recrimina su actuación durante las adquisiciones de Gas Oil y Fuel Oil, que acontecieron en 2016 “con motivo de la renovación del acuerdo de Gestión de Abastecimiento de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo, que fuera suscripto el 29 de agosto de 2012 por Yacimientos Petrolíferos Argentinos SA (YPF SA) y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA)”. De acuerdo a la acusación, el entonces ministro delegó la presidencia y las acciones clase A de CAMMESA en el titular de la Secretaría de Energía Eléctrica (SEE), “área que a su vez dependía directamente” de él, “todo ello haciendo uso indebido y abusivo” de una serie de decretos y leyes “evitando de esta forma exponer el conflicto de intereses que poseía y manteniendo bajo su control y supervisión la actividad de su delegado y dependiente suyo en la SEE, en miras de un beneficio propio y de la empresa Shell”.
Según la reconstrucción judicial, CAMMESA promovía a YPF SA para que desarrollara la licitación para la adquisición de distintos volúmenes de Gas Oil y luego elegía la adjudicación en dicho concurso de precios. A la vez, desde la Secretaría de Energía Eléctrica se imputaban los pagos.
En este marco, y casi en simultáneo a la delegación de acciones de Aranguren, CAMMESA requirió a YPF la licitación de 4 cargamentos de gas oil “todos los cuales fueron asignados a SHELL TRADING US COMPANY (STUSCO) el 20 de enero de 2016” por lo que se pagó U$S 53,5 millones.
Tres meses después, CAMMESA requirió a YPF la licitación de otros 8 cargamentos, “siete (7) de los cuales fueron asignados a STUSCO el 26 de abril de 2016”. Por ellos se pagó más de U$S 136,9 millones.
La modalidad volvió a repetirse. Se contrataron 5 cargamentos de STUSCO, es decir, Shell, por más de U$S de 101,3 millones.
Recién el 23 de agosto de 2016, el ministro se excusó y se designó al entones ministro de Producción para intervenir en las cuestiones que involucraban a la petrolera en la que Aranguren tenía acciones.
¿Qué dijo Aranguren respecto a esto? Que desde el 2015 CAMMESA tenía un acuerdo con YPF para la compra eficiente de Gas Oil. Y que ese proceso es de total responsabilidad de YPF y que no hay “injerencia de CAMMESA ni del Ministerio de Energía”.
Por eso dijo que nunca hubo una intención suya ni de su delegado en CAMMESA de “favorecer a una empresa en detrimento de otra”. “El proceso llevado a cabo por YPF otorga los cargamentos en compra a aquel que haya sido la mejor oferta para la Argentina”, añadió. Y agregó que pidió una auditoría interna, es decir, en la cartera bajo su mando, para “despejar dudas del proceso”.
En su favor, destacó que nunca hubo alguna impugnación por parte de las competidoras en el proceso licitatorio.
Un interrogante se hace inevitable: ¿por su rol jerárquico, acaso el entonces ministro no pudo manejar información sensible respecto a las competidoras de la firma de la que era accionista?
Fuel Oil y controles tardíos
Por otro lado, al exministro se le imputa que hasta que formalizó su excusación “operó en beneficio propio y de la empresa Shell con motivo de las distintas operaciones de adquisición de Fuel Oil efectuadas por CAMMESA a SHELL CAPSA”, a la que se le abonó más de $ 3.779 millones.
¿Cómo se defendió de esta acusación? Afirmó que su administración “valoró darle continuidad al esquema implementado por Kicillof desde 2014”, quien había impulsado el barril criollo de crudo, para “regular” el mercado nacional y defender a la industria local, diferenciando el precio interno del barril de crudo del externo. Sostuvo que el porcentaje de compra de Fuel Oil que le tocara a Shell no fue modificado durante el tiempo que estuvo vigente el barril criollo.
Por último, se le adjudica “haber implementado tardíamente los controles a la importación de petróleo crudo y sus derivados”. El entonces ministro creó un registro de operaciones de importación de esa materia el 21 de marzo de 2017. Hasta esa fecha, para la justicia Aranguren habría posibilitado que SHELL CAPSA “incrementara notablemente la importación de tales productos, beneficándose por la adquisición a valores inferiores a los del mercado local y sin ningún tipo de control de parte del Ministerio a su cargo”. Esto, para la justicia, redundó en “beneficio propio y de la empresa SHELL, y se desarrolló en incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo”. ¿Qué dijo al respecto? Que fue una decisión de gobierno.
En el marco del mismo expediente está imputada la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, a quien se la acusa de encubrir al exminsitro. Estaba citada para declarar este miércoles pero pidió se le postergase. Fue convocadaa indagatoria para el 27 de noviembre. Tras escucharla, el juez Rodríguez deberá resolver la situación judicial de ambos: es decir, si los procesa o no.
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