El fiscal Guillermo Marijuan imputó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por violar la sentencia firme del Juzgado Federal de La Plata N° 2, en donde se hizo lugar a la acción colectiva para que el gobierno cumpla con la vacunación contra la bacteria del meningococo.
Marijuan ordenó numerosas medidas de prueba en la causa que se inició con la denuncia contra Stanley y Rubinstein radicada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade y la asociación civil AJUS La Plata Berisso y Ensenada, por la suspensión de la aplicación de la vacuna contra el meningococo a los niños y niñas de 11 años de edad.
En la denuncia se resaltó que los "programas nacionales de inmunización desde finales de los años setenta, y la capacidad de gerenciamiento de las vacunas" permitieron "que para el año 2010 se hayan logrado coberturas de vacunación alrededor del noventa y cinco por ciento de la población, lo que ha permitido controlar las enfermedades prevenibles por esta vía de inmunización". Pero con la decisión de Rubinstein de suspender la aplicación de la vacuna contra el meningococo, se "ha constituido un ataque a salud pública debido a la alta morbimortalidad que presentan los individuos que sufren estas infecciones, especialmente los niños y niñas pobres que habitan la República Argentina, violando las medidas adoptadas por las normas emitidas por autoridades sanitarias para impedir la introducción y/o propagación de una epidemia".
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El 23 de agosto de 2018, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación comunicó que “con respecto a la vacuna antimeningocóica, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria”. En otras palabras, la excluyeron del Calendario Nacional de Vacunación establecido por la ley 22909.
Por eso, manifestaron que "decidir el cese de la vacunación a los niños y niñas de 11 años de edad, sin acto administrativo, resolución ministerial, ni procedimiento legal, afectando gravemente y visiblemente el acceso de este grupo de riesgo a la vacuna contra el meningococo, constituye una acción típica antijurídica, imputable al titular de la ex cartera ministerial de salud, Rubinstein". Al respecto, se destacó que "la restricción de un derecho sea legal, debe ser realizada a través de una ley dictada por el Congreso Nacional, y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Ante esta situación, fue presentado un amparo colectivo que fue resuelto favorablemente por el Juzgado Federal de La Plata N° 2 y que quedó firme, pero el Ministerio se negó a cumplir. La denuncia tramita en el Juzgado Criminal y correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría.
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