Amado Boudou le pidió a la Corte Suprema que revoque su condena, que ordene un nuevo juicio por el caso Ciccone con otro tribunal y que lo deje afrontarlo en libertad. El reclamo es reincidente pero ahora cuenta con lo que en la jerga judicial se conoce como un “Hecho nuevo”: los documentos que reveló El Destape donde quedó al descubierto que el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, cuyo aporte fue clave para lograr la condena de Boudou.
El planteo va en consonancia con la postura que mantiene Boudou: no quiere un indulto sino un juicio justo. Y, tras las turbulencias que generó la posición del presidente Alberto Fernández y miembros de su gabinete respecto a la figura de los presos políticos, va dirigido a quienes pueden poner fin a las detenciones irregulares: los jueces de la Corte Suprema.
El escrito, al que tuvo acceso El Destape, fue presentado por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, abogados del ex vicepresidente. Se trata de un pedido de “Pronto despacho” en base a un “Hecho nuevo”, que fue la publicación de este medio donde quedó al descubierto que el macrismo le puso un hotel boutique a Vandenbroele.
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El pago a Vandenbroele llegó justo después de que se lograra la condena de 5 años y 10 meses contra Boudou. El marco de este manejo de fondos públicos para direccionar declaraciones fue el Programa de Protección de Testigos que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia, es decir, de Germán Garavano. El ejecutor directo de la maniobra fue el policía porteño Carlos Linsalata, puesto por el Gobierno de Macri a custodiar a los testigos de las causas contra ex funcionarios kirchneristas. La coordinación la ejercieron Francisco Lagos, Guilermo Grescia y Juan Rebollo, autoridades del Programa de Protección de Testigos hasta entrados 2 meses de la gestión de Alberto Fernández.
En concreto, los abogados de Boudou a la Corte Suprema que “ordene un nuevo juicio, ante otro tribunal, que deberá sustanciar la prueba entonces omitida, y que nuestro asistido deberá afrontar ya en libertad”. La “prueba entonces omitida” es la documentación que reveló El Destape.
La defensa de Boudou argumenta que “se encuentra cumpliendo una pena anticipada por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, sin que esa Corte lo haya aún remediado” y recuerda que la propia Corte, en un fallo reciente, aseguró que nadie puede ser penado sin juicio previo y menos aún sin un “juicio respetuoso del debido proceso”. Son nociones básicas, para las que basta leer el artículo 18 de la Constitución, pero que fueron pisoteadas en los últimos años donde la Doctrina Irurzun se impuso por sobre la carta magna.
El Destape publicó partes del legajo de Vandenbroele como Testigo Protegido bajo la órbita del ministerio de Justicia en la era Macri. Esos documentos, que la prensa que demonizó a Boudou se resiste en publicar, fueron reclamados por la defensa del ex vicepresidente durante el juicio por el caso Ciccone pero se los negaron, en sus palabras, “arbitrariamente una y otra vez”.
Los abogados Rúa y Peñafort reiteran que hicieron varios pedidos de acceso a esa “prueba esencial”, incluida una presentación como “amicus curiae” del profesor emérito Julio Maier, uno de los abogados procesalistas más prestigiosos del país. Maier concluyó “que la defensa tiene derecho a valorar en el juicio el acuerdo logrado... y todos los extremos que hacen a su credibilidad y validez, sino, además, que el tribunal debe hacerlo. Más aún cuando se sostiene la intervención del poder ejecutivo nacional, que implica una intervención prohibida según la misma Constitución nacional”.
En este pedido a la Corte, la defensa de Boudou remarcó que el propio juez Ariel Lijo tomó en cuenta la revelación de El Destape y pidió que se investiguen. No es un dato para nada menor, ya que el juez Lijo fue quien elevó a juicio el caso Ciccone y homologó el acuerdo de arrepentido con Vandenbroele. El caso fue a sorteo y recayó el el juzgado del fallecido Claudio Bonadio dos días después de su muerte, que parece que no fue tiempo suficiente para actualizar la máquina de sorteos en cuando a causas sensibles. La fiscala Paloma Ochoa requirió que se inicie la investigación y que se “torna imperativo analizar el referido legajo para de ese modo constatar una materialidad, y a partir de ello, indagar acerca de los juicios de responsabilidad a que hubiere lugar”. La fiscala planteó también que el caso debía investigarlo el mismo juez Lijo y no el reemplazo de Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi.
La pelota está ahora en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, a la espera de “Pronto despacho”.
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