Alberto Fernández derogó el decreto por el cuál Mauricio Macri buscó ocultar las irregularidades cometidas en el Programa de Protección de Testigos. La medida llega dos semanas después de que El Destape revelara que el macrismo utilizó ese programa para ponerle un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, testigo clave para la condena contra Amado Boudou. Con esta decisión del Gobierno se habilita el recambio de los funcionarios macristas que seguían hasta hoy en esa área cuya tarea real fue desvirtuada por el anterior gobierno para convertirla en un ariete de la persecución judicial.
El decreto derogado hoy por el presidente Fernández fue firmado por Macri el 28 de noviembre de 2019, luego de que este medio revelara un cúmulo de irregularidades en el Programa de Protección de Testigos que funcionaba bajo la órbita del exministro de Justicia Germán Garavano. Fue un Decreto de Necesidad y Urgencia cuya única necesidad era la de ocultar documentos como los que reveló El Destape y la única urgencia era que a Macri le quedaban 12 días antes de dejar la presidencia. Con ese decreto Macri creó la Agencia de Protección de Testigos e Imputados y le dio carácter de ente autárquico. Eso fue clave para que Francisco Lagos y los demás funcionarios macristas siguieran hasta hoy en sus cargos, ya que la nueva gestión del Ministerio de Justicia no tenía autoridad para removerlos. Solo una auditoría podrá mostrar qué hicieron durante estos dos meses de nuevo gobierno y si los utilizaron para encubrir aún más sus tropelías de la era Macri. Es posible que la decisión del Gobierno actual haya llegado tarde, pero al menos seguro.
El DNU apurado de Macri no fue su primera opción. Antes quiso pasarle el paquete a la Cámara Federal de Casación Penal, pero los jueces se lo rechazaron. Es más: cuando se publicó el DNU que hoy se deroga, los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo le enviaron una carta a su colega Carlos Mahiques, puesto a dedo por el propio Macri, donde le manifestaron que el ex presidente se arrogaba funciones legislativas y que no había necesidad ni urgencia en cambiar las reglas del juego sobre los testigos protegidos.
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El decreto que hoy firma el presidente Fernández expone en sus fundamentos tanto el pronunciamiento de la Cámara de Casación como la inexistencia de necesidad y urgencia de la decisión de Macri. Recuerda que el Programa de Protección de Testigos “se mantuvo sin variación durante más de dieciséis (16) años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior” y reestablece la vigencia de la ley 25.764 modificada por Macri a pocos días antes de dejar la Casa Rosada.
Macri, en su afán de encubrir el accionar de sus funcionarios, modificó cuestiones clave del Programa de Protección de Testigos con ese decreto que hoy deja de regir. Además de protegeros frente a una intervención de las nuevas autoridades del ministerio de Justicia, el DNU de Macri tocó otras cuestiones. La ley establecía un máximo de 6 meses de asistencia económica para lo testigos protegidos lo que, como informó El Destape, fue violado sistemáticamente y en especial con aquello testigos de causas que interesaban al macrismo. Con el DNU Macri extendió los plazos a dos años y, excepcionalmente, hasta 3 años.
El ex presidente también quiso evitar cualquier publicación sobre el tema. El DNU establecía: “El deber de confidencialidad se extiende a los datos relativos al honor, modo de vida e intereses privados de las personas incluidas, de los que los agentes públicos tomaren conocimiento en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, y abarca a cualquier persona ajena a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS que, por su oficio, profesión u ocupación, tuvieran acceso a la información referida a los casos que se tramitan bajo la órbita de la Agencia.”. En “cualquier persona ajena” se incluye a los periodistas.
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