Centrales de trabajadores, cámaras empresarias y representantes de otros sectores de la sociedad argentina adhieren esta tarde al Compromiso de Solidaridad, un documento confeccionado por el gobierno de Alberto Fernández para mostrar un apoyo amplio de cara a la negociación por la deuda externa con acreedores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional. El texto, de tres páginas, hace énfasis en la necesidad de avanzar hacia una “justa distribución de la riqueza” para la cual es necesario que algunos sectores hagan “un esfuerzo extraordinario”. Además, reflota el proyecto de Fernández de un Consejo Económico y Social, que podría sancionarse por ley a comienzos del próximo período de sesiones ordinarias.
"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla”, comienza el Compromiso. Con la firma de empresarios, sindicalistas y otros actores de importancia, Fernández consigue un respaldo fuerte a su diagnóstico sobre la situación heredada al llegar a la presidencia. Así, justifica algunas decisiones tomadas en las primeras semanas en nombre de la emergencia y a la vez muestra una posición sólida para plantear en la mesa de negociación con los acreedores la necesidad de dar un plazo de gracia para que el país pueda salir de esta crisis antes de recobrar su capacidad de pago. Nestorismo puro.
“La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país”, agrega el documento, que define como prioridad “en primer lugar” que se dé “respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación”. De ahí el compromiso “a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar”. En ese sentido, Fernández propone, “empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante”.
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El documento además plantea la necesidad de discutir de manera prioritaria “un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos” y pone una serie de objetivos para el mediano plazo, como la creación de empleo de calidad de la mano de la inversión productiva y la generación de valor agregado, la promoción de crédito accesible para vivienda y producción, la creación de nuevas PyMEs, la integración con el mundo vía Mercosur, la incorporación de más mujeres, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la economía popular. Además, señala la importancia de “garantizar el acceso a la salud, la educación y el hábitat a los sectores más postergados”.
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