Esta semana se conoció que el Gobierno volverá a negociar con el Fondo Monetario Internacional y pedirá un acuerdo precautorio denominado Stand-by (SBA) que dura hasta tres años y otorga alrededor de 20 mil millones de dólares. De concretarse las negociaciones, Argentina se convertirá en el principal deudor de los 36 países que pidieron préstamos al FMI y deberá acatar una serie de condicionalidades.
Durante los gobiernos kirchneristas, el país continuaba siendo parte del Fondo Monetario Internacional pero sin realizar consultas sobre el artículo 4, el cual implica una revisión anual sobre la economía de todos los países miembros. Con el triunfo de Cambiemos esto se modificó y Argentina comenzó a recibir estas “recomendaciones”. Sin embargo, no te obligaban a llevar adelante determinadas políticas económicas aunque comenzaron a ser una vía más de intervención con “condicionalidades invisibles”, aseguró Pablo Nemiña a este medio.
La situación ahora es diferente y después de 18 años Argentina firmará un nuevo acuerdo con el FMI que, pese a las hipótesis no comprobadas que realizaron algunos periodistas locales sobre una posible “reconversión” del organismo, los acuerdos con esta entidad siempre implican condicionalidades que apuntan a realizar ajustes en los países deudores. Esto llevará a una profundización del ajustesobre los sectores trabajadores y, en este sentido, al avance de la Reforma Laboral.
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En este sentido, previo al 1 de mayo el Ejecutivo envió al Congreso una serie de proyectos de ley que buscan modificar las relaciones laborales. Se propone un blanqueo laboral, con incentivos que condonan deudas; se establece un abaratamiento de las indemnizaciones y se buscan introducir prácticas formativas por 12 meses con asignaciones estímulos por debajo de un salario mínimo.
En el caso del blanqueo, aquellos que lo lleven adelante se les extinguirán sus multas, infracciones, u otros incumplimientos en relación al registro en el empleo y se establecerá una condonación de la deuda por no pago de aportes y contribuciones al sistema (capital e intereses y punitorios). Los que lo hagan en los primeros seis meses reciben una condonación del 100% y los que lo hacen en los segundos 6 meses del 70%.
“Es evidente que el proyecto resulta ampliamente beneficioso para quien incumplió con las normas de registración, emulando lo que puede ser una moratoria fiscal, pero con el agravante de tratar del mismo modo el incumplimiento de las cuestiones laborales con las cuestiones tributarias”, indicó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Además explicaron que el proyecto permite considerar aportes de hasta 5 años de los trabajadores informales pero es el Estado el que se hace cargo de ello. En este sentido, desde CEPA señalaron que “esto va a contramano de las recurrentes menciones del Gobierno con relación a la poca sustentabilidad del sistema previsional, que de hecho se expresó en la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por Cambiemos. Da la impresión de que dado que la medida del blanqueo favorece al sector empresario, la mirada resulta más indulgente”.
Respecto a las indemnizaciones lo que busca esta reforma enviada por el Ejecutivo es excluir el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual.
Por último, desde el Gobierno buscan implementar “prácticas formativas” para estudiantes y graduados con 18 años o más, con una duración máxima de 12 meses y 30 horas semanales. El problema es que estas prácticas cuentan con una asignación estímulo, que es un ingreso no remunerativo según salario básico y cantidad de horas. “La propuesta se asemeja a las pasantías de la década de los noventa, donde casualmente se promovía una “asignación estímulo” no remunerativa”, indicaron desde CEPA.
Sucede que desde que asumió Cambiemos la situación en el mercado laboral es cada vez más complicada para los trabajadores. Si bien 2017 finalizó con un aumento del total de trabajadores dado que en diciembre pasado terminó con 268.000 nuevos puestos de trabajo en relación al último mes de 2016, la modalidad que más se incrementó es la de trabajadores autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. El acuerdo del FMI conducirá a una mayor desregulación y flexibilización del mercado laboral acorde a las demandas de esta entidad y de esta manera, a una reducción de los derechos laborales. Lejos de ser una política no buscada, el Gobierno obtendrá uno de sus principales objetivos que es la atomización de la clase trabajadora.
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