Delgado hizo lugar a la denuncia presentada el lunes en los tribunales de Comodoro Py por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del instituto "Arturo Sampay".
La denuncia fue presentada por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".
"Creemos que hay que abrir una investigación penal", escribió el funcionario público a cargo de la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976.
El escrito de pedido para que se inicie la investigación está dirigido al juez federal Sebastián Casanello, en cuyo juzgado quedó la denuncia presentada el lunes por Corti, Barcesat y Cholvis. En su pedido, Dolgado reconoció que la experiencia de la fiscalía es "bastante frustrante" porque las causas que giran en derredor de la deuda externa en general "no avanzan", pero consideró que aún con esos límites, la cuestión de la deuda es un drama ontológico del Estado argentino.
Según las causas judiciales, desde Martínez de Hoz, el Plan Brady o el Megacanje, la deuda se toma para encarar el desarrollo económico, pero luego vira y toma otro camino: financiar la fuga de capitales, escribió el fiscal.
Y opinó que en medio de ese viraje "se produjeron siempre graves delitos" por lo que frente a este nuevo capítulo de la deuda, "la disyuntiva es la misma pero no podemos hacer nada al respecto". "Hemos sido testigos también de un hábito crónico: prorrogar la jurisdicción de nuestros tribunales, renunciar a la inmunidad soberana, recortar en consecuencia las facultades de nuestro poder judicial e invariablemente ser vapuleados en tribunales judiciales o administrativos extranjeros", se quejó Delgado.
Entre los hechos a investigar, el fiscal apuntó determinar si en cierto modo se estaría premiando la práctica de los acreedores especuladores (fondos buitres) que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron, después de que se omitiera las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707.
La otra dimensión en la que se avanzará es el caso de los bonistas italianos, dado que el Gobierno -según la denuncia- ofrece pagos sobre un reclamo que todavía no tiene decisión firme y cuenta con antecedentes contrarios al pago, con lo cual también se estaría perjudicando el erario público.
El último segmento de esta presentación fue designado como "El Megacanje II" por los denunciantes: afirman que el Gobierno mediante un DNU del 22 de diciembre, ha puesto en marcha un megacanje de deuda por un total de 16.099 millones de dólares, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional".
"Sobre estos hechos se tiene que desplegar la instrucción. Básicamente porque hay dos lentes con la que mirar la legalidad de estos hechos aún en curso de ejecución algunos de ellos y determinar, en última instancia, si se defraudaron las arcas públicas", escribió el fiscal.
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