Fue tal el escándalo que provocó la noticia de un espionaje ilegal masivo a jueces, que la Unidad de Información Financiera (UIF), que responde al Poder Ejecutivo, cambió su postura y le brindó información al juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, algo que había rechazado en un primer momento, cuando el hecho no había tomado estado público.
Este martes, el juzgado federal N°6 recibió un escrito de la UIF en el que la entidad que hace inteligencia financiera se muestra receptiva al requerimiento del magistrado con asiento en los tribunales de Comodoro Py, quien había pedido que explicara porqué ese organismo revisó movimientos migratorios de jueces. Tal como reveló El Destape, los magistrados espiados por la UIF fueron el propio Canicoba Corral y su par Luis Rodríguez. A ellos se suman dos decenas de magistrados más, a quienes le consultaron sus entradas y salidas del país desde distintas dependencias estatales como Ministerio de Seguridad, AFIP, Policía Federal, entre otros.
A diferencia de la primera respuesta, que había firmado el titular del organismo, Mariano Federici, en esta ocasión quien envió la misiva fue su número 2, María Eugenia Talerico.
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¿Cómo reacomodó su postura la UIF? Sostuvo que ante “la masiva difusión periodística”, se logró “ponderar las razones” que se esgrimían en la solicitud del juez, que estaban vinculadas a una causa que tiene dos años de existencia y por la que el organismo ya fue consultado. Como ahora sí encuentran relación entre el objeto procesal de la causa y la información que se le requiere, se prestan a responder.
Así fue que Talerico, tras enumerar las facultades del organismo, informó en qué marco se dieron los ingresos a Migraciones. De esta forma, fueron confirmados de forma oficial.
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En su respuesta al juez, según pudo reconstruir El Destape, la exabogada del HSBC explicó que en el caso del juez Rodríguez las consultas fueron realizadas en el marco del expediente que se abrió con los dichos de Carolina Pochetti, la viuda del exsecretario Daniel Muñoz, quien denunció que el magistrado habría recibido sobornos por 10 millones de dólares. Se trata de un hecho que se desprendió de la causa de los Cuadernos e impulsó el fiscal federal rebelde, Carlos Stornelli. Este suceso derivó en la apertura de una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura, ambos en proceso.
Como publicó este medio, respecto a Rodríguez hubo tres consultas en Migraciones desde la UIF: ocurrieron el 8 , 11 y 28 de febrero pasado.
¿Pero cuándo tomó estado público el caso de Rodríguez? El 7 de febrero, cuando La Nación publicó una nota titulada “La viuda de Muñoz confesó el pago de sobornos al juez que los debía investigar”. Es decir, un día antes de la primera consulta. El mismo 8 de febrero también se publicó otra nota en el matutino porteño, en este caso, sobre “La lujosa camioneta que compró el juez Rodríguez y que altera su patrimonio”. Fue el mismo día que explotó el D’Alessiogate.
Si bien Talerico rechazó que la UIF practicara espionaje ilegal (es la hipótesis central de la pesquisa), las fechas de los ingresos a Migraciones tienen desfasajes con los expedientes que se mencionan en la respuesta que le dirigieron a Canicoba Corral.
En un escrito que Rodríguez envió al titular del juzgado federal N°6 este martes, en el que le pasó una denuncia contra Federici que desempolvó a la luz de los nuevos acontecimientos, contrastó las fechas de las consultas por sus entradas y salidas del país con los movimientos en la causa penal y la del consejo que tiene en su contra.
Según esa reconstrucción, el fiscal Gerardo Pollicita presentó un oficio a la UIF para investigar a Rodríguez el 28 de marzo pasado y reiteró esa solicitud el 23 de abril. En lo que hace al consejo, se hizo una petición al organismo el 19 de marzo. Es decir, antes de los ingresos a Migraciones que realizó el organismo de inteligencia financiera.
Así, se abre una ventana temporal polémica.
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La UIF se ampara en la ley 25.246 e interpreta que puede hacer investigaciones preliminares sin pedidos de colaboración judicial o fiscal. Esto, según distintos especialistas consultados, hace que el organismo administrativo que depende del Ejecutivo se arrogue facultades que son propias del Poder Judicial. Y sin que exista algún órgano de control que revise sus actuaciones.
En lo que hace a Canicoba Corral, que fue otro de los jueces espiados, hay registros de dos ingresos a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones desde la UIF: el 10 y el 26 de junio pasados. Y también hay publicaciones periodísticas que hacen referencia a su patrimonio.
Como se trata de sí mismo, el titular del juzgado federal N°6 separó este tramo de la investigación y lo envió a sorteo. Recayó en el juzgado a cargo de María Romilda Servini de Cubría, otra de las espiadas.
Como es lógico, en la respuesta a su requerimiento, la UIF no le remitió información sobre su caso.
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