Para calmar la situación, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se contactó telefónicamente con muchos de los 21 jueces espiados desde dependencias del Gobierno y se mostró sorprendido y preocupado, ya que le dio entidad a la investigación judicial que reveló El Destape. Según pudo reconstruir este medio, el funcionario les brindó su solidaridad a las víctimas, dijo que instruirán sumarios internos en los distintos organismos y “que está a disposición”. En los tribunales de Comodoro Py desconfían de la palabra oficial.
Ante la escalada del escándalo, Garavano, que es el canal institucional entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, no tuvo margen de maniobra y debió comunicarse con los magistrados que fueron espiados. Lo hizo por la tarde de este jueves. Por la mañana, en declaraciones con Futuröck le había intentado bajar el tono a la pesquisa: “Desconozco la causa por el presunto espionaje. Suena extraño y tendrá que ser investigado”.
No pasaron muchas horas hasta que el ministro se comunicó en nombre del Gobierno con la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; el integrante de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens; y con el juez de primera instancia, Sebastián Casanello, por citar solo tres ejemplos de los contactos que realizó. También llamó a Rodolfo Canicoba Corral, el juez que investiga si el Gobierno desplegó desde distintos organismos públicos “actividades de espionaje e inteligencia ilegal” contra dos decenas de magistrados.
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“Me llamó de parte del Gobierno. Dijo que le parecía muy grave la situación y se puso a disposición”, comentó uno de los magistrados espiados. “Me habló de solidaridad y de que instruirá sumarios”, añadió otra de las víctimas. “Me expresó en nombre del gobierno su sorpresa y solidaridad. Se comprometió a agotar la investigación. Dijo que se iba a comunicar con todos los mencionados para transmitirle lo mismo”, agregó una tercera fuente contactada por el ministro, lo que evidencia la preocupación del Poder Ejecutivo luego de que se conociera la investigación en curso.
Es que la difusión del caso, que reveló El Destape en exclusiva, provocó gran revuelo en el mundo judicial. Una sola de las víctimas por la mañana de este jueves tenía más de 100 mensajes de solidaridad en su celular. Y ya manifestaron su “preocupación y absoluto repudio” distintos colectivos judiciales como la lista Celeste, que integra la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y Justicia Legítima.
Entre los jueces a los que se espió de manera ilegal figuran, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, el camarista Martín Irurzun y los magistrados de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti y María Romilda Servini de Cubría, entre otros.
El denominador común de las investigaciones ilegales, según documentos y fuentes que hablaron con este medio, fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios de varios organismos públicos, en un principio, sin orden judicial.
La clave que busca desentrañar la Justicia es qué estaba investigando cada uno de los organismos involucrados, que son el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.
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