Y no los hay, porque justamente esa justicia que debía investigar y entregar a los responsables, hizo todo lo posible para que nada pasara: desde el entonces presidente de la nación, Carlos Menem, hasta los propios fiscales, e incluyendo también al juez de la causa Juan José Galeano y al mismísimo Servicio de Inteligencia del Estado.
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Todos ellos hoy se encuentran inmersos en un pacto de silencio tan impune como doloroso, que incluye coimas, pistas falsas, allanamientos arreglados y culpables plantados.
Sin embargo, los familiares, que debieron enfrentar a todos los poderes del Estado al mismo tiempo para vencer al olvido obligatorio que les proponían, tendrán este jueves una oportunidad de comenzar a encontrar un pedazo de verdad en medio de tanta mentira. Es que el próximo 6 de agosto, la justicia juzgará el accionar de esa falsa justicia, en la causa apodada Amia II, que investiga el encubrimiento al atentando a la mutual judía.
El expediente, cuenta con dos acusaciones centrales que los implicados deberán explicar en el juicio oral: en primer lugar, por qué fue frenada "la pista siria", que consistió en no investigar a Alberto Kanoore Edul, ciudadano argentino de origen siriolibanés, quien registraba una llamada por parte del último tenedor de la trafic, Telleldín. Esa investigación, fue parada, se presume, por orden del entonces presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, y contó con la participación del comisario Jorge "Fino" Palacios (hoy imputado en una causa de escuchas ilegales junto a Mauricio Macri), y del juez Galeano, entre otros.
Las familias de Menem y Kanoore Edul tenían vínculos en Siria, que continuaron en la Argentina. Munir Menem, el fallecido hermano del ex presidente, recibió a Kanoore Edul padre en la Casa Rosada pocos días después del atentado.
El ex presidente, por su parte, se encuentra acusado de haber ordenado que participen en la trama de encubrimento el ex jefe de la SIDE, los entonces comisarios Jorge "Fino" Palacios y Carlos Castañeda Hugo Anzorreguy, y por último, su subsecretario Juan Carlos Ancheza. Según publicó Página 12 en una entrevista a los fiscales a cargo de la causa el pasado jueves, en la acusación se sostiene que falsearon informes y ocultaron transcripciones de intervenciones telefónicas.
Además, se tienen indicios de que la SIDE desistió las escuchas sobre el teléfono del propio Kanoore Edul tan sólo un día después, mientras que otros sospechosos, de menor importancia, continuaron siendo escuchados durante años.
La otra pata de la investigación, se basa en lo que ocurrió en 1996, cuando la SIDE, con la complicidad del propio juez y los fiscales de la causa, pagó la suma de 400.000 dólares al reducidor de autos Telleldín (último titular de la camioneta), para comprar su declaración: la maniobra consistía en que éste declarara e inculpara a un grupo de policías bonaerenses y que así, el atentado quedara visto como una disputa política.
Ya en 1997, un año después, ese video fue difundido, y el propio Galeano admitió haber filmado esa cinta donde negocia el pago, que se hizo con dinero de la ex SIDE. Hoy, tanto el juez como los fiscales aseguran haber obrado de buena fe, pero torpemente, sin intenciones de realizar una puesta en escena.
Además, según afirman los fiscales en la nota mencionada anteriormente, las imágenes prueban la negociación en la que Telleldín asegura poder aportar testigos falsos e incriminar policías, y en una segunda parte existe un larguísimo diálogo en el que el juez le indica a Telleldín qué fotos debe marcar en un posterior reconocimiento fotográfico.
Los familiares, y su expectativa para llegar a la raíz del atentado:
Sergio Burstein, dirigente de la Asociación 18J Sobrevivientes, Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, describió a El Destape las sensaciones a pocos días del juicio: "Estamos a la espera de ver qué es lo que van a decir, porque pueden destrabar la causa madre. Desde lo personal, no tengo grandes expectativas, porque nadie está obligado a declarar en su contra. Acá hay un pacto de silencio muy fuerte y no creo que vayan a cooperar en decir por qué lo hicieron, que es lo importante", aseguró.
No obstante, Burstein se niega a cesar en su lucha por encontrar a los responsables del atentado que se llevó la vida de la madre de sus hijos: "Muchos dicen la frase ´queremos dejarle un país más justo a nuestros hijos, a nuestros nietos´: ¿Y de nosotros qué? Yo también quiero justicia, y que los familiares, que somos los responsables de que la causa siga de pie, podamos llegar al fondo de esto".
En cuanto al rol del nuevo cuerpo de fiscales a cargo de la causa tras el deceso de Alberto Nisman, Burstein destacó que están haciendo "un buen trabajo al haberse estudiado toda la causa en tan poco tiempo, y volviendo sobre pistas, datos, y procesos que Nisman no profundizó".
"Acá no se quiso saber qué pasó realmente: todos salieron a hablar, a embarrar la cancha, a ensuciar a los familiares. Y hoy, 21 años después, lo único que sabemos es que hubo 85 muertos, pero del resto, nada", concluyó.
Por su parte, Adriana Reisfeld, titular de la Asociación Memoria Activa, una de las agrupaciones que insistió en resolver el juicio por encubrimiento desde el primer día, resaltó: "Después de 21 años tenemos muchas expectativas, porque gracias al encubrimiento nosotros no sabemos quiénes mataron a nuestros familiares".
Además, Reisfeld no duda en el rol encubridor que cumplieron los funcionarios a cargo de la investigación del atentado: "Hubo una decisión encabezada por Menem, seguida por Galeano, los fiscales, Beraja, Palacios, para que nosotros no supiéramos".
En cuanto a lo que Memoria Activa espera del juicio, Reisfeld, que perdió a su hermana en el atentado, afirmó que "si alguno de los acusados habla, es posible que la causa del atentado avance, pero queremos saber cuál fue el motivo por el cual ellos encubrieron. ¿Por qué no se podía investigar la pista siria, por qué se frenaron los allanamientos si había elementos para profundizar?".
Uno por uno: ¿Quiénes son los integrantes del "Club de la Impunidad" que serán juzgados?
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