Ante la discusión pública por un posible impuesto a las grandes fortunas del país, varios economistas y periodistas opositores enfatizaron sobre la idea de un supuesto "avance" sobre la propiedad privada y la libertad individual de los multmillonarios de nuestro país. Sin embargo, en la historia de nuestro país ya hubo antecedentes de medidas similares, y uno muy especial.
En 1815, el libertador José de San Martín impuso un gravamen de 4 reales por cada 1.000 pesos de capital individual de cada miembro de la elite cuyana. Al asumir la gobernación de Cuyo, en agosto de 1814, San Martín se encontró con un erario público escaso de recursos, debido al cierre del comercio con Chile, cuyos aranceles aduaneros constituían el ingreso principal de la provincia.
Aunque el primer objetivo era prevenirse ante una posible invasión realista, San Martín ya tenía proyectado su plan continental de liberación. Tanto para defenderse, pero para emprender la ofensiva, se necesitaba ampliar la recaudación pública.
Lo cierto es que San Martín recurrió a todo tipo de recursos: contribuciones directas, empréstitos forzosos, multas en dinero o materias primas, castigo en horas de trabajo, expropiaciones y, también, un novedoso impuesto a la riqueza. Tal como la idea que se plantea en la actualidad, fijó un impuesto de 4 reales por cada 1.000 pesos de capital individual, según declaración jurada presentada ante el Cabildo.
En el segundo semestre de 1815, este impuesto significó un ingreso fiscal de 13.431 pesos. Ese dinero fue usado para pagar un mes de sueldos de las tropas.