Empezar por los últimos, continuando con los primeros

“Debemos empezar por los últimos para llegar a todos", fue una de las principales definiciones de Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa durante diciembre, el mismo mes en que la emergencia de un virus entre la sociedad transformaría el mundo de manera inimaginable. Hoy, cuando los últimos empiezan a ser cada día más, el gobierno sostiene su lineamiento, para lo cual ha comenzado a reunir un mayor financiamiento entre los primeros, la punta de la pirámide económica.

En relación a su inicial promesa, hasta el momento el gobierno aumentó un 130 por ciento el gasto en ayuda alimentaria, concedió bonos de 10.000 pesos a cerca de 8 millones de familias compuestas por trabajadores informales, trabajadores de limpieza hogareña, beneficiarios de la AUH, y monotributistas de las dos categorías más bajas, además de duplicar durante marzo la AUH y otorgar un bono de 3.000 pesos a jubilados de la mínima, mientras congelaba las tarifas energéticas y las cuotas de alquileres y préstamos hipotecarios, prohibiendo además sus desalojos. Números que si bien no se acercan a la cobertura de las necesidades básicas de una familia tipo, las cuales el Indec cifró en 38.960,3 en diciembre de 2019 (aunque incluye consumos que hoy están suspendidos, como transporte o esparcimiento), dan cuenta de la focalización en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables, aquellos últimos a los que hizo referencia Fernández.

Un escalón más arriba, están los trabajadores registrados, monotributistas de categorías mayores y empresarios Pymes. Es claro que no son los últimos, pero que muchos de ellos se encuentran al límite de esa instancia, y es por eso que, en el caso del sector laboral, además de los congelamientos en tarifas y alquileres anteriormente mencionados, fueron prohibidos los despidos por sesenta días, mientras que para los pequeños y medianos empresarios se les otorgó la baja de los aportes patronales. Además del subsidios del pago de un salario mínimo de 16.875 pesos para cada empleado de firmas de hasta 25 empleados, del 75 por ciento de este monto para empresas de entre 26 y 60 trabajadores y del 50 por ciento para aquellas de entre 61 y 100 trabajadores, además del antiguo programa Repro, con subsidios por empleado de hasta 10 mil pesos para las empresas más grandes. Ciertamente, con una economía que se mueve en un cuarenta por ciento en el sector informal, muchas Pymes no podrán acceder a estos beneficios, lo que en parte explica que desde fines de marzo se hayan rechazado el 14 por ciento de los cheques, o que la otra medida anunciada por el gobierno, los créditos al 24 por ciento para estas empresas, haya impactado en solo 50.000 millones de pesos en créditos, más allá de que los bancos no faciliten tampoco esta operatoria.

Todo este cuadro, exhibe que, aunque insuficientes y con lógicas demandas por parte de estos sectores, los 500.000 millones de pesos que el gobierno se comprometió a invertir en su lucha contra el virus y la pobreza estructural, fueron focalizados mayormente en los sectores más vulnerables, tal como Alberto Fernández se comprometió en aquel lejano diciembre.

Quien lo paga

No por casualidad, los 500.000 millones se asemejan a otra cifra, la de 600.000 milllones, que fue la expansión montería de marzo, es decir un incremento del 35 por ciento en la base monetaria. No es necesario ser monetarista para advertir que el esquema de emisión resulta insostenible en el tiempo, con lo que durante el último tiempo ha comenzado a profundizar su idea de obtener mayores recursos fiscales y alivios hacia la población por parte de los primeros en las lista de fortunas. Así, al congelamiento tarifario y a la suba de retenciones a inicios del lejano marzo, se sumaron las mayores regulaciones hacia las finanzas y, en esta última semana, la propuesta de reestructuración de la deuda con bonistas privados y el proyecto de un impuesto extraordinario a la riqueza. Este último, habitual en muchos países desarrollados, está orientado a patrimonios que estén por arriba de los tres millones de dólares a valor oficial, es decir hacia unas 12.000 personas o el 0,08% de la población económicamente activa, cuya alícuota se dividirá en cinco categorías, correspondientes a patrimonios de entre 3 y 5 millones de dólares, de 5 a 10, de 10 a 50, de 50 a 100, y de más de 100 millones, todo lo cual permitiría recaudar más de 3.000 millones de dólares, según uno de los autores de la iniciativa del proyecto de ley, el diputado Carlos Heller.

A ello deberían sumárseles otros 4.500 millones de vencimientos de deuda de este año con acreedores privados, que ya es un hecho dejarán de abonarse, haya o no un acuerdo con los acreedores. Globalmente, se les propuso un período de gracia de pago de tres años, una reducción de intereses de 37.900 millones de dólares, es decir el 62 por ciento de los mismos, y de 3.600 millones en el capital adeudado, es decir un 5,4 por ciento de su total.
La oferta, más generosa de lo que el mercado esperaba, tiene una lógica: caer en default sería uno de los peores escenarios en la actualidad, aunque en el gobierno coinciden en que peor aún sería el pago de los vencimientos durante este particular año.

En cualquier caso, luego de empezar por los últimos, el gobierno continúa su política de lograr un mayor financiamiento de los primeros, es decir una mayor justicia social. El sostenimiento de esta voluntad política, y la eficiente gestión, serán claves para transitar este sendero durante los próximos tiempos.