La diputada Elisa Carrió sugirió que le ofrecieron una coima por 500 mil dólares y acusó a muchos de "no haber rechazado el dinero de los laboratorios". La confesión de la legisladora podría llevarla a la Justicia debido a que tiene la obligación de denunciar la comisión de un posible delito, según el Código Procesal Penal.
La legisladora acusó mediáticamente que "hay una cámara de Laboratorios que no usa patente y que ha financiado a través de su gerencia a los partidos políticos. Siempre da dinero, sobre todo a las Comisiones de Salud. A mí me ofrecieron 500 mil dólares en 2003, yo siempre rechacé el dinero, pero es obvio que otros no".
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La confesión de la diputada debería llevarla a la Justicia debido a que el artículo 177 del Código Penal establece que los funcionarios públicos "tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio". En el artículo 277
En declaraciones ante Joaquín Morales Solá en el canal oficialista TN, la diputada denunció que la entrega de coimas permitió que "mantener el status quo" y que los laboratorios sigan aumentan el precio de los medicamentos.
En el artículo 277 del código Procesal Penal se establece la pena de de seis meses a tres años por encubrimiento. "No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole", afirma en el inciso D.
Carrió hizo la declaración en el marco de la causa contra Farmacity, empresa que quiere desembarcar en la provincia de Buenos Aires, pese a la oposición de los farmaceúticos que denuncian que incrementarán los precios y monopolizará el mercado de la salud. La causa, que llevó a la Corte Suprema, además tiene el agravante de que el vicejefe de Gabinete Mario Quintana tiene 9 millones de pesos en acciones en Farmacity.
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