La semana pasada se oficializó un nuevo aumento en la tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto mínimo pasará de 10 a 13 pesos, en los próximos tres meses. Esta medida, que también fue acompañada por la Justicia en el caso de los subtes, nos obliga a explicar nuevamente el rol socioeconómico del transporte público y el de los subsidios.
Los aumentos de tarifas vienen justificados por este Gobierno más o menos de la misma manera: mejorar la competencia (donde la hubiere) y mejorar el servicio, eliminando la presencia distorsionadora del Estado. Esta fórmula, repetida hasta el paroxismo, resulta errónea en términos de concepción de eficiencia y además de muy difícil de aceptar debido a su poco respaldo en la realidad. Comienza a sospecharse que, como ya ha pasado anteriormente, los aumentos sirven solamente para garantizar utilidades extraordinarias a los concesionarios a costas de los usuarios.
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Recordemos algo fundamental. El transporte es una actividad fundamental en una sociedad y para la economía ya que la mayoría nos desplazamos para llegar al trabajo, o cuidar a alguna persona (hijo, hija, mayor a cargo). Su costo, por tanto, tiene un impacto directo sobre el salario disponible de las familias. En otras palabras, no podemos elegir libremente si cargar o no la SUBE, de hecho, lo tenemos que hacer para seguir teniendo trabajo o realizar actividades sumamente necesarias. O sea, si sube el transporte disminuye el ingreso disponible de las personas y esto tiene un impacto agregado en el consumo que realizan esas personas.
El transporte público genera muchísima mayor eficiencia en términos medioambientales, sociales y de usos del tiempo gracias a su capacidad para movilizar miles y miles de trabajadores y consumidores a diario. Pero además tiene un componente de justicia social y libertad fundamental: es en sí mismo un multiplicador de oportunidades ya que cuanto más nos podemos mover, mejor podemos vivir y más se mueve la economía.
Debido a esta función intransferible que el transporte público tiene es que se lo subsidia. Es un aporte que solidariamente realizan los actores intervinientes en el sistema, a través de los impuestos, para que la tarifa que abonan los usuarios (que realizan varios viajes por día) no termine afectando los ingresos que se obtienen de su trabajo. Esto significa que el sistema se paga, nunca nada es gratis, la diferencia es la distribución de los costos. Y para contrariar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podría hasta decirse que se paga solo, por todos estos efectos (externalidades), positivas que generan.
Existen ejemplos mundiales donde el transporte público es gratuito para los usuarios. El principal es Tallin, capital de Estonia, que desde el año 2013 lo implementaron y lograron aumentar en un 15% la cantidad de pasajeros transportados anualmente, reduciendo el uso de autos y su impacto ambiental y de congestión de tránsito. Por su parte, Alemania planea introducir lo mismo en 5 ciudades, como prueba piloto, para poder cumplir con compromisos de contaminación ambiental. Actualmente se compra un pase que hay que llevarlo encima por si viene un revisor, pero no hay molinetes. París planea también lentamente ir reduciendo las tarifas hasta llegar a la gratuidad.
Si bien en el Área Metropolitana existen extensas redes de transporte público en las que diariamente se desplazan millones de personas, estas resultan ineficientes, insuficientes y hasta inseguras. Se viaja mal, se pierde tiempo y cada día se gasta más para hacerlo. Esta triple situación genera grandes costos personales y sociales, que suelen no ser advertidos. La cotidianidad se dificulta y con ello aparecen costos indirectos que muchas veces son absorbidos por los propios actores. Una red de transporte público ineficiente repercute en las personas en términos psíquicos-emocionales (malhumor, incomodidad, malestar) y en pérdida de valioso tiempo libre, y limita a muchas personas con movilidad reducida a permanecer en sus hogares y no poder disfrutar libremente de la Ciudad.
Para saltearse esas consecuencias indeseadas, las personas evalúan y muchas veces concretan soluciones individuales que intentan saltar esa restricción pero que implican para ellas un gran costo, taxi, auto, remis, combis. Esta solución, que podría parecer sinónimo de prosperidad, es en realidad la adquisición de bienes y/o servicios para suplir aquello que entre todos deberíamos tener garantizado. Es decir, se traslada a las personas el costo de la movilidad generando una utilización no deseable de una parte de su salario o ingreso, afectando la capacidad de ahorro individual o la capacidad de consumir otros bienes y otros servicios que redunden en un mejor beneficio personal.
A las instituciones, por su parte, las afecta porque las personas de quienes se nutren se encuentran en una situación desfavorable. De esta manera su rendimiento se ve mermado, la puntualidad se ve afectada y con ello también deben relajarse algunas expectativas de logros. Incluso hay algunas que ofrecen para poder mitigar esta distorsión, servicio de transporte.
El sistema se ve afectado porque en la sumatoria, todos pierden recursos que podrían ser mejor aprovechados y ello afecta a la productividad del conjunto. Además la búsqueda de respuestas individuales termina siendo un cuello de botella al desarrollo y termina generando exclusión social y fragmentación territorial. Quienes pueden pagar su comodidad lo hacen. mientras quienes no tienen que hallar soluciones que los empobrecen aun más.
Definitivamente viajar mal tiene un costo que terminamos pagando todos y todas y que los sucesivos gobiernos de la Ciudad no parecen notar. Como muestra de ello basta decir que es la primera vez en 45 años que no hay una estación de subte construyéndose. "El subte no es una prioridad", porque no lo son las personas. En lugar de únicamente velar por la rentabilidad de los concesionarios o preocuparse por el supuesto déficit que genera en las cuentas públicas mantener el transporte (siempre en ciertos círculos la eficiencia económica termina imponiéndose sobre la eficiencia social), el estado, el gobierno de la ciudad debería poner el eje en quienes usan el transporte y en cómo se trasladan. Al fin y al cabo, lo cotidiano es político.
Nota escrita con la colaboración de Enrique Pimentel, politólogo e integrante del espacio político Buenos Aires 3D.
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