Mauricio Macri le pidió a su flamante ministro de Economía, Hernán Lacunza, que deje de lado la campaña electoral y normalice la economía para llevar a buen puerto al gobierno en las largas quince semanas que quedan hasta el 10 de diciembre. En la reunión que compartieron en la quinta Los Abrojos, donde se tomó el fin de semana, el Presidente también ratificó que el vínculo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que había tambaleado durante la última semana y marcó tres prioridades: estabilizar las variables principales (dólar, tasas, inflación y reservas), respetar el programa fiscal y llevar calma a la población.
Lacunza tendrá su primera prueba de fuego por la mañana, minutos después de asumir su función, cuando abran los mercados después de un lunes feriado en el que las acciones argentinas se desplomaron y el riesgo país volvió a trepar. Se espera que hable ante la prensa antes de las diez, cuando empiece a moverse la City. El ministro estuvo trabajando en el problema desde que volvió a Buenos Aires de urgencia por llamado de Macri. En Los Abrojos, el mandatario le pidió que presente un plan de contingencia en las próximas cuarenta y ocho horas. La realidad puede darle menos tiempo todavía.
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La decisión de resignar la campaña presidencial para priorizar a la gobernabilidad llega cuando dos de las medidas más importantes que anunció Macri la semana pasada, el congelamiento del precio de los combustibles y la quita del IVA para productos de la canasta básica, corren el riesgo de caerse por la reacción de algunos de los sectores afectados. Mientras que los gobernadores preparan recursos de amparo para evitar que el recorte impositivo los desfinancie, las provincias y empresas petroleras también buscan evitar que la decisión inconsulta del Presidente afecte a la actividad.
En ese escenario, los dos principales socios del mandatario, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le advirtieron que ese camino no solamente no evitaría una derrota electoral en la nación y la provincia, sino que podría poner en riesgo la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las intendencias en manos del PRO y la representación de ese espacio en el Congreso y las legislaturas. Sólo bajo la condición de que se adopte un programa de estabilización económico y político, Vidal aceptó sacrificar a su ministro de confianza en el altar de un gobierno en retirada.
Ahora, Lacunza tiene un desafío titánico: estabilizar la macroeconomía al mismo tiempo que da un alivio real a la sociedad argentina, castigada por las turbulencias de la semana pasada, todo sin salirse del acuerdo con el FMI, que limita las opciones. El paquete de medidas anunciado la semana pasada, si se lleva adelante, tendría un costo fiscal de entre 70 y 100 mil millones de pesos, la mayor parte sobre los hombros de las provincias. Dentro del corset acordado con el Fondo y sin el visto bueno de los gobernadores, el flamante ministro deberá explicar de dónde sale la plata.
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