El diseño macroeconómico del gobierno de Cambiemos afronta su tramo más difícil hacia fin de año. El objetivo de combatir la inflación con una política fiscal y monetaria contractiva del nivel de actividad y el consumo -en un marco de desregulación de mercados-, además de suponer una fuerte distribución del ingreso en contra de los sectores populares, presenta notables inconsistencias de diseño y ejecución que comienzan a erosionar la propia confianza de los agentes económicos beneficiados por la misma.
La política seguida necesita de una armonía entre las decisiones fiscales y monetarias. Requiere frenar la inflación para otorgar competitividad al salto cambiario del 55% provocado en el inicio del plan, sumado a un nivel de tasa de interés aceptable para decisiones de inversión y financiamiento de capital de trabajo. Nada de eso ha ocurrido.
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El Banco Centralintenta, en soledad, administrar una política monetaria que impida que los pesos emitidos se dirijan a demandar divisas. Para esto apela a un nivel de tasa de interés que, si bien ha descendido desde el punto de partida del gobierno, todavía se ubica en un nivel que torna desventajoso cualquier otro cálculo de aplicación de recursos que no sea colocar dinero en el banco. Para que el BCRA pueda disminuir sensiblemente la tasa de interés que paga por las letras que le permiten absorber los pesos excedentes, tiene dos caminos no excluyentes entre sí: incrementar el nivel de reservas y/o disminuir la emisión de pesos. Es aquí donde fracasa la coordinación con la política fiscal.
El Tesoro Nacional, en una única operación, ha realizado la colocación de deuda pública más grande de las últimas tres décadas, emitiendo u$s 16.500 millones. Operación que no tuvo un reflejo relevante en el volumen de reservas del BCRA ya que u$s 11.700 millones se destinaron al arreglo buitres/holdout. Consecuentemente, el financiamiento no sirvió para mejorar la paridad peso circulante-reservas del BCRA, con el agravante de que el aumento del déficit fiscal explica casi el 35% de la emisión de pesos llevada a cabo hasta ahora.
Nos encontramos entonces con que la política fiscal no actúa en dirección de achicar la brecha entre ingresos y gastos del sector público, ni tampoco financiarla de un modo virtuoso acrecentando las reservas del BCRA. En este marco queda este último como responsable, a través de la política monetaria, de controlar la presión cambiaria y subsecuentemente la inflación.
Con una relación base monetaria-reservas del BCRA en torno a los $20 frente a un tipo de cambio nominal fluctuante en los $15, cualquier descenso importante de la tasa de interés de corto plazo agudiza las expectativas de devaluación.
La ausencia de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y el Banco Central de la República Argentina es determinante en la criticidad del cuadro descripto en el párrafo anterior. Para resolverlo, el gobierno se ha embarcado en dos batallas que resultan claves de aquí a fin de año para apuntalar el inestable equilibrio macroeconómico. La primera de ellas es consolidar un aumento tarifario que reduzca significativamente el monto de subsidios entregados a las empresas prestadoras de servicios públicos para sostener tarifas acordes a los ingresos populares. El monto en discusión ronda los $78.000 millones anuales. El éxito en la ejecución de esta política sería una señal a los agentes económicos de la decisión de ajustar el sector público.
El otro vector clave para resolver el trilema que plantea política monetaria-política fiscal-política cambiaria es la llegada por fin de la "lluvia de dólares" en el marco del blanqueo recientemente puesto en vigencia. Claro está, los capitales cuyo monto se pronostica como relevante no necesariamente ingresarán al circuito productivo de la Argentina.
De aquí a fin de año el gobierno juega cartas muy trascendentes para sus expectativas electorales en el 2017. Ajuste fiscal vía reducción de subsidios a las tarifas de los servicios públicos e ingreso masivo de divisas en forma simultánea son los dos elementos que le permitirán reducir la tasa de interés, alentar la inversión y alejar el fantasma de un salto cambiario abrupto. Sólo si esto último ocurre, el gobierno nacional podrá pensar en una mejora del nivel de actividad el año entrante. Ninguno de los pronósticos optimistas vertidos por el oficialismo y sus voceros analizan en profundidad el cuadro fiscal y monetario que obliga a hacer converger la paridad teórica surgida de la relación pesos-dólares en el BCRA respecto de la paridad nominal actual. El termómetro de dicha convergencia se refleja en el nivel de la tasa de interés.
*El autor es Secretario de Economía y Hacienda del partido de La Matanza
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