En la búsqueda de explicar o excusar responsabilidades frente a la crisis que envuelve a la Argentina, se apelan a fórmulas retóricas que refieren a situaciones climáticas determinantes del proceso económico, como si ello dependiese de caprichos de la Naturaleza.
Así, tiempo atrás se hablaba de “viento de cola” para justificar épocas de bonanza, hace un par de años se aludía a la “lluvia” de inversiones proponiendo una paciente espera para alcanzar los efectos benéficos del Cambio y, recientemente a pesar de la ausencia de lluvias, se invocan “tormentas” que anegan el camino hacia las metas auguradas.
La Política desde tales perspectivas está ausente de lo que nos acontece, procurando una invisibilidad que contribuya al desencanto general por esa actividad vital e indispensable para la Democracia.
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Coincidencias regionales
Como en los años 90’ aunque exacerbada a límites sorprendentes, se advierte una feroz campaña de desprestigio de la Política.
A lo que se suma la denostación de la militancia, de los políticos en general, de las instancias institucionales respectivas, con el afán de instalar una genérica concepción de que “todos es lo mismo”, que “todos son iguales”.
Tras lo cual subyace otra falaz premisa, que los representantes mejores para cualquier función estatal son los que carecen de antecedentes políticos y, en especial, aquellos que se exhiben como exitosos en cualquier otro ámbito formalmente ajeno a la Política.
La tendencia referida no se circunscribe a la Argentina, se verifica en otros muchos países de esta Región y, particularmente, en los que tienen –o han tenido- gobiernos de los denominados “populistas”.
Coinciden también los actores y promotores de esas campañas de desprestigio, los medios de comunicación hegemónicos, los representantes del Capital financiero concentrado, la Justicia y sus operadores tanto sean parte de la Corporación judicial como allegados lobistas y los servicios de inteligencia que proveen oportunos “arrepentidos”.
Democracia y participación
La Democracia exige participación popular, pues cualquiera fuese la forma en que se desenvuelva o las características que asuma en cada lugar, tiempo y sociedad en que rija ese sistema, las personas toman compromisos indispensables, como mínimo en materia electoral.
Todos actúan políticamente, quedan involucrados inexorablemente aunque no se sientan atraídos ni integren formalmente una agrupación, partido u organización que se desenvuelva en ese terreno activamente.
Los que se manifiestan apolíticos, se dicen ajenos o desinteresados por cuestiones de esa índole, en realidad no lo son sino que no advierten o no tienen conciencia que con su hacer o no hacer expresan alguna concepción ideológica, que indefectiblemente termina reflejándose en acciones cotidianas.
Pero esa actitud cuando llega el momento de cumplir un acto netamente político, el de elegir a sus representantes para formar gobierno, conlleva a una indiferencia que es funcional al desarrollo de políticas que suelen ser contrarias a sus propios intereses.
Las campañas antes referidas justamente persiguen profundizar esas tendencias, promover la apoliticidad, bombardear con informaciones –con frecuencia falsas o cargadas de datos que se presentan de un modo distorsionante de los hechos- que fomenten el desinterés por toda expresión colectiva, para derivar en un individualismo cada vez más acentuado.
Como si fuera posible, salvo para unos pocos, realizarse en un país que no se realiza. Alcanzar niveles de existencia aceptable, y hasta las propias metas personales anheladas, en una sociedad que se degrada día a día, en que la solidaridad deja de ser un valor sustancial.
Final abierto
En un Estado democrático es imprescindible contar con garantías colectivas e individuales, mecanismos e instancias institucionales útiles, accesibles y sensibles para que tengan real vigencia; asegurar derechos humanos esenciales como a la vida, la libertad, la salud, la educación, el trabajo.
Los gobernantes son los principales responsables para que así sea, pero todos debemos ser custodios de que efectivamente ello suceda.
Es inaceptable la indiferencia frente a la violación de normas básicas de convivencia, del respeto por la diversidad y pluralidad de opiniones con la posibilidad de expresarlas, de otros derechos elementales como contar con servicios públicos indispensables (agua, gas, luz), la defensa en juicio que implica un debido proceso legal y en materia penal al principio de inocencia, la protección contra la violencia institucional.
Es inconcebible el desinterés sobre la existencia de presos políticos y de las condiciones de encierro o aislamiento a que se los somete; de prácticas represivas estatales ante la protesta social y a la par la ausencia de investigaciones serias por sus consecuencias incluso fatales; de la situación de abandono en que se coloca a los sectores más vulnerables; de la persecución ideológica que anima procesamientos judiciales y despidos masivos.
Resultando casos emblemáticos, pero no únicos, los de Milagro Sala, Santiago Maldonado o Rafael Nahuel; la tragedia en la Escuela de Moreno, el reciente episodio en el ND Ateneo; las cesantías en el INTI y en Télam.
La apatía o el desaliento que se promueve, sólo empeorará la realidad que vivimos. La defensa de los valores y principios democráticos comprende los derechos de cada uno e impone que entendamos que ello, también, implica los de los otros, incluso por quienes hoy aún no han sido o no se sienten afectados personalmente.
Es ahora que se exige una mayor participación ciudadana, estar atentos a lo que sucede, decodificar el diario bombardeo informativo, asumirse como un ser político y combatir las que consideremos modalidades viciadas de la Política.
Quedarse cómodamente como espectador, sentirse ajeno a las desgracias que nos resultan lejanas, no distinguir propuestas apegados al “todo da lo mismo”, sólo contribuirá a que se repitan errores cuyos costos recaerán, fatalmente, en la mayoría de la población, que en definitiva también abarca a quienes así se comporten.