El Gobierno nacional vuelve a autorizar la toma de deuda con jurisdicción internacional y, otra vez, excluye a los recursos naturales del país como aquellos bienes inembargables por los acreedores. Lo hace por un monto de hasta 20 mil millones de dólares.
A través del decreto 334, el Ministerio de Finanzas autorizó la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York y Londres para operaciones de deuda por hasta 20 mil millones de dólares.
La prórroga de jurisdicción estuvo en el foco de la tormenta cuando se discutió la deuda con los fondos buitre, que litigaron, principalmente, en los tribunales de Nueva York y allí obtuvieron sentencia favorable del juez Thomas Griesa.
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Esas cláusulas dispondrán "la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dichos acuerdos", establece la normativa. Asimismo, detalla una serie de bienes sobre los cuales el país no cede la soberanía.
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Entre ellos, se encuentran las reservas del Banco Central, "cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial", bienes diplomáticos, recursos presupuestarios y "cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la Argentina, incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación".
En la lista no enumera los bienes del artículo 236, que incluyen "las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería". Es decir, los recursos naturales.
Por este motivo, el abogado Eduardo Barcesat presentó una denuncia contra los funcionarios del Gobierno nacional. En aquella oportunidad, fue contra los decretos 29 y 231 del 2017, que establecía la toma de deuda en el exterior por 20 mil millones de dólares y 3 mil millones de francos suizos.
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