Pocos días después del fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 a juicios de lesa humanidad, el Gobierno fue y volvió sobre sus pasos. Del apoyo inicial que mostró el secretario de DD.HH., Claudio Avruj, le siguió el repudio de Marcos Peña, Germán Garavano y Federico Pinedo. Sin embargo, los despidos y la subejecución presupuestaria muestran un apoyo limitado a las políticas de memoria, verdad y justicia.
El año pasado, el Gobierno subejecutó la mayoría de los programas de Gobierno. Los de derechos humanos no fueron la excepción. Según la información pública que difunde el Sitio del Ciudadano, perteneciente al Ministerio de Hacienda, el programa de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, tuvo una ejecución del 87%. Es decir, 13 puntos menos de lo que correspondía. De los 354, 09 millones de pesos que debían gastarse, según los datos provisorios, se dispusieron $53,28 millones menos para ese rubro.
Otro programa, el de Formación Universitaria en DD.HH., no gastó ni un peso de los casi 100 millones que tenía para el 2016. Es uno de los casos con 0% de ejecución en el primer año de presidencia de Mauricio Macri.
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El programa de Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad, en cambio, tuvo un nivel de ejecución de 91,7% sobre los $8 millones devengados. Sin embargo, este programa tuvo un recorte brusco de presupuesto entre 2015 y 2016, ya que pasó de los $21,5 millones a $8,72 millones. En el último año de CFK al poder tuvo una ejecución inferior (45,3%) pero mayor en cuanto a dinero ($9,1 millones).
Por último, la partida destinada al Centro Internacional de Derechos Humanos, que funciona en la ex ESMA, gastó 12 de los 23 millones de pesos que tenía asignados para el año pasado.
Despidos en áreas sensibles
El recorte de personal que ocurrió en los primeros meses de Macri presidente no excluyó a las áreas vinculadas con la promoción y defensa de los derechos humanos.
Así, en enero de 2016 se despidió al 10% del personal dedicado al programa "Verdad y Justicia", dedicado a asesorar a testigos de juicios de lesa humanidad. Para esa misma época, fueron cesanteados 47 empleados del área de DD.HH. del Banco Central, vinculados en investigar la llamada "complicidad del poder económico" en la dictadura y de brindar informes financieros a juicios de lesa humanidad que lo requieran.
En el Ministerio de Seguridad nacional se despidieron 13 de los 33 profesionales a cargo del área de dd.hh. de la cartera que conduce Patricia Bullrich. Dos de las tres dependencias quedaron prácticamente desactivadas, informó en su momento Página 12. Entre los despedidos se encontraba el equipo encargado de identificar el cuerpo de Luciano Arruga, desaparecido en 2009.
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