El Gobierno oficializó este miércoles la oferta presentada a los acreedores privados el viernes pasado, que contempla una quita del 62 por ciento sobre los intereses y de 5,4 por ciento sobre el capital para comenzar a pagar en 2023, tras un pedido de gracia por tres años.
Además, se invitó a los tenedores de los bonos que están en circulación a canjearlos, en el marco del proceso de reestructuración. Los alcances y los términos y condiciones de la operación son detallados en el modelo: Suplemento de Prospecto.
El viernes pasado, el Gobierno anunció la oferta a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares diez nuevos bonos para postergar vencimientos, ofreciendo dos bonos con tasas escalonadas que culminan en 2030 (euros y dólares), otros dos en 2036 (euros y dólares); dos bonos que caducan en 2039 (dólares y euros); dos bonos en 2043 (dólares y euros); y los últimos dos bonos en 2047 (dólares y euros).
En su primer artículo, el Decreto 391/2020 publicado en el Boletín Oficial dispone "la reestructuración de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera".
"Dispónese la emisión, por hasta las sumas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° del presente decreto, de una o varias series de instrumentos denominados en Dólares Estadounidenses y Euros", señala el artículo número 2, que especifica que el monto máximo es de 44.500.000.000 en dólares y de 17.600.000.000 en euros.
En el siguiente apartado se aclaró que "el ministro de Economía podrá realizar las modificaciones que fueren necesarias en el modelo del Suplemento de Prospecto, dejando abierta la posibilidad de negociar con los bonistas". Sin embargo, dichas modificaciones "no podrán alterar la lista de títulos públicos detallados en el anexo del decreto, los términos y condiciones financieras y, de ser aplicable, las cantidades totales de los títulos a emitirse para dar efecto a la operación de reestructuración planteada, ni los ratios de canje propuestos".
La medida tiene como objetivo la resolución de "la situación de inconsistencia macroeconómica", por lo que resulta fundamental "la implementación de políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública".
Asimismo, se destaca que "si bien la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el 'Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa', resulta una obligación ineludible del Estado instar todos los trámites que sean necesarios para su cumplimiento".
El gobierno considera "que la propuesta diseñada permitirá al Estado Nacional restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo Ley Extranjera, permitiéndole de esta forma hacer frente a servicios de deuda acordes con la capacidad de pago de la República Argentina conforme fuera expuesto por Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa", al tiempo que destaca que "en virtud de las características particulares de la oferta descripta, el mejoramiento en el perfil de vencimientos resultante es consistente con un sendero de crecimiento económico sostenible, condición necesaria para restaurar la capacidad de pago de la República Argentina".
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