El Gobierno busca apartar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de las investigaciones judiciales. Así se desprende de una resolución de la interventora de la exSIDE, la fiscal Cristina Caamaño, quien solicitó a jueces y fiscales que restrinjan al mínimo el rol la exSIDE como auxiliar de Justicia. La medida se publicará en el Boletín Oficial. Se trata de uno de los anuncios que había realizado el presidente Alberto Fernández en pos de romper la relación promiscua que existe entre algunos magistrados y los servicios de inteligencia.
En la resolución 17/20 que lleva su firma, Caamaño establece que los agentes de la AFI “se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional”. Acto seguido dispone “la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal” de la exSIDE y “en consecuencia, su participación como auxiliar de justicia, ciñéndose exclusivamente a las materias propias de este organismo”.
Para lograr que la medida se ejecute, la interventora comunica su decisión a los jueces y fiscales con competencia penal en todo el país para que “apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención” de la AFI “en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales”.
La interventora apela a los magistrados y fiscales para restringir la participación del organismo de inteligencia en los expedientes judiciales esa facultad está reglamentada por ley y no puede anularse mediante una resolución. En última instancia, la decisión la tienen los funcionarios judiciales.
Es por eso, que Caamaño pone esta medida en conocimiento tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Procuración General de la Nación.
Además, en los considerandos de su resolución, Caamaño cita la acordada Nº 17 de la Corte, que se firmó el 19 de junio de 2019. En ese escrito, los supremos abordaron la problemática de las filtraciones de las escuchas telefónicas y pidieron investigar a la agencia así como restringir su rol de auxiliar de justicia en las causas penales, lo mismo que ahora requiere la interventora de la central. Esa decisión de los cortesanos elevó la tensión con quienes eran los titulares de la exSIDE, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que terminaron acusando al Alto Tribunal de intromisión en otro poder del Estado. Lo hicieron en julio del año pasado, en un escrito que enviaron a la Comisión Bicameral de Inteligencia, tal como publicó este medio.
En la resolución 17/20 firmada este 13 de enero, Caamaño también se refiere al retroceso que implicaron algunas medidas que tomó el macrismo en materia de inteligencia como la reimplantación de los fondos reservados vía el decreto 656/2016. La interventora se refirió a ese decreto como “un notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”. De hecho lo consideró “la condición necesaria para provocar interferencias en el funcionamiento de los demás Poderes Constitucionales del Estado Nacional y afectar los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”.
Con la nueva resolución, que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno comienza a avanzar en su proclamada reforma del sistema federal de justicia que, entre otras cosas, busca dar vuelta la página del Lawfare en la Argentina.
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