07 de noviembre, 2019 | 19.48

El Gobierno no se deja auditar: ahora la AGN demandó al Ministerio de Transporte y Vialidad

La Auditoría General de la Nación accionó legalmente luego de que desde la cartera se negaran a brindar información sobre obras y contratos.

El Gobierno se niega a ser auditado. La Auditoría General de la Nación (AGN) inició acciones legales contra el Ministerio de Transporte de la Nación y la Dirección de Vialidad por no brindar información sobre obras y contrataciones que le fue solicitada en reiteradas ocasiones. Se trata de una acción de amparo. El caso quedó radicado en  el juzgado nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11. La Oficina Anticorrupción (OA) fue advertida judicialmente este jueves por la cámara del mismo fuero por accionar de una forma similar: obstaculizando el control externo. Tiene que brindar la información, tal como lo había dispuesto el juzgado de primera instancia.

Ahora la AGN apuntó contra Viallidad, que depende de Transporte, por no haber “aportado la totalidad de la información y documentación que le fuera requerida para el cumplimiento de sus funciones, pese a los reiterados reclamos y tiempo transcurrido”.

Desde la Auditoría resaltaron que esa actitud es “un grave incumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control, y la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”.

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De esta forma, la cartera que comanda Guillermo Dietrich impide a la AGN “el pleno ejercicio de sus facultades de control externo en los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos”.

La AGN recurre a la demanda judicial porque agotó todas las vías administrativas.

El primer requerimiento que realizó la AGN fue el 20 de diciembre de 2018, con las intimaciones correspondientes, que incluyeron la notificación al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. “Y ante la conducta reticente por parte de DNV en brindar toda la información, se ha debido recurrir a la Justicia para que intervenga condenando al Ministerio de Transporte y la DNV a poner a disposición lo requerido, con el fin de efectivizar la manda constitucional relativa al control republicano de los fondos públicos”.

Según explicaron desde el ente de control, la situación manifestada se presentó en tres informes que viene realizando la AGN, que están enmarcados en el Plan de Acción aprobado por el Congreso para este año . Se trata de: “Cuenta de Inversión 2018”, “Cumplimiento de Metas e Indicadores en los Programas” y “Mantenimiento por Administración de Rutas”.

Según informaron de la AGN a El Destape, la falta de información está relacionada, entre otras cosas, con:

• Normativa por la que se crearon y se asignaron los distintos Recursos Propios, Transferencias Internas y Externas como así también Crédito Externo.

• Normativa sobre las adquisiciones de bienes y servicios, régimen de caja chica y fondo rotatorio.

• Decisión Administrativa distributiva de los créditos para el año 2017 y 2018 y los actos disponiendo las modificaciones presupuestarias.

• Deuda externa, detallando los préstamos, normativa legal que la avala, la unidad ejecutora que la administra y detalles de los mismo.

• Construcciones en Proceso: detalle de las obras en curso y aquellas que permanecen con saldo al 31 de diciembre de 2018.

• Detalle por obra con modalidad de adquisición, partida presupuestaria y fecha de pagos.

• Nómina de funcionarios que hayan intervenido en cualquier etapa del Mantenimiento por Administración.

 

Tras los pasos de la OA

Este jueves, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una apelación presentada por la Oficina Anticorrupción contra una demanda de la AGN que había sido aceptada en primera instancia.

El hecho en discusión era uno similar al de Vialidad: el rechazo al control por parte de la auditoría.

Los camaristas consideraron que la OA no cumplió “en forma adecuada y completa con el requerimiento efectuado” por la AGN por lo que rechazó el planteo que había impulsado la dependencia que encabeza Laura Alonso. Además, le impuso abonar las costas.

Ahora, el Ministerio de Transporte y la Dirección de Vialidad se encaminan a un escenario similar si  no cambian su postura de retaceo de información. Un interrogante se hace inevitable: ¿qué esconden?