El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, dispuso la intervención del Sindicato Unico de Recolectores de Córdoba (SURRBaC), cuyos líderes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone están detenidos desde agosto pasado, sospechados de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
La resolución 98/2020 del ministro de Trabajo de la Nación que designa como interventor del SURRBaC a Alberto Simón, quedó publicada hoy en el Boletín Oficial: “Considerando: Que, mediante la resolución judicial recaída en los autos caratulados “Saillén, Julio Mauricio; Catrambone, Pascual Vicente, Kraindbuhl, Juan Manuel y otros – defraudación por administración fraudulenta, usura, infracción art. 303 inc 1 C.O. y otros” (Expte. N° FCB 10016/2018) de fecha 15 de noviembre de 2019, se resolvió: intervenir de manera inmediata el Sindicato Unico de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC) para normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue con el paso del tiempo generando en el entorno familiar de los principales implicados, un cúmulo de bienes que analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor en toda la comunidad”.
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Según la resolución del ministro Moroni, el interventor Simón deberá “ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades existentes, determinadas por la Autoridad Judicial”, y deberá “presentar un informe detallado del estado económico financiero en que se encuentra la entidad, como así también rendición detallada de su gestión en el cargo, en el término de 45 días”.
“Los afiliados deben tener la tranquilidad necesaria de que esta intervención tiene toda la voluntad para que el sindicato vuelva a manos de sus afiliados de normal manera como cualquier otro sindicato. Esa es la intención básica y la voluntad, tanto de las autoridades nacionales como de este interventor”, señaló Simón. La semana próxima, antes de hacerse cargo de la intervención, Simón se reunirá con el ministro Moroni.
Tras conocerse la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación interviniendo el gremio, desde la cuenta de Twitter, el SURRBaC anunció: “En la asamblea general extraordinaria nos declaramos en estado de 'alerta y movilización', al aguardo de la definición del tipo de acciones directas que decidan nuestros afiliados realizar en el ámbito de todo el territorio de la provincia de Córdoba”.
La causa judicial contra el SURRBaC
El juez federal Ricardo Bustos Fierro, a cargo de la investigación sobre las actividades ilícitas de los dirigentes del SURRBaC, Saillén y Catrambone, había solicitado a principios de noviembre del año pasado las intervenciones del sindicato y de la mutual AMSURRBaC. La mutual del SURRBaC era la fuente de los ingresos de los sindicalistas para sus gastos personales, y la investigación de la Justicia federal de Córdoba sostiene que los fondos millonarios aportados por los trabajadores recolectores de residuos fueron utilizados para viajes de los dirigentes gremiales y sus familiares al Caribe o para financiar sus estilos de vida.
La mutual AMSURRBaC fue intervenida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en diciembre pasado, debido a que la Justicia presume que esa era la caja de financiamiento de Saillén y Catrambone.
Mauricio Saillén, secretario general del gremio de los recolectores de residuos; y Pascual Catrambone, secretario adjunto, están presos en el complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital, desde fines de agosto del año pasado. Están acusados de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, usura y defraudación. También están imputados, aunque siguen libres, cuatro hijos de Saillén –entre ellos Franco, que es legislador-; dos hijos de Catrambone; el tesorero del gremio, Juan Manuel Krainbuhl y la secretaria de Saillén, Salomé Alfazak.
La semana pasada fue allanada la Municipalidad de Córdoba y el Tribunal de Cuentas municipal por orden del juez federal Bustos Fierro. Los agentes de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba y los peritos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) buscaron material relacionado con malversación de fondos en la empresa municipal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE), en el Ente Municipal de Servicios y Obras Públicas (ESOP) y en el SURRBaC.
La causa CReSE fue iniciada durante el 2019, cuando Ramón Javier Mestre era intendente y es una derivación de la investigación a Saillén y Catrambone. La CReSE es una empresa de residuos municipal creada en 2007 por el ex intendente kirchnerista Daniel Giacomino; cuyo director obrero fue el sindicalista del SURRBaC Pascual Catrambone. Con la llegada de Mestre a la Intendencia, se licitó el sistema de recolección de residuos, la ciudad quedó dividida en dos áreas que explotan dos empresas –COTRECO y LUSA se quedaron con el 90% del servicio-; aunque quedó funcionando la empresa municipal como CReSE residual, con sólo 10%.
Se sospecha que el SURRBaC, proveedor de servicios de la CReSE y del ESOP presentó facturas truchas para cobrar por prestaciones nunca realizadas.
En este entramado, también están sospechados los empresarios de la Compañía de Tratamientos Ecológicas (COTRECO SA), quienes fueron denunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En marzo de 2012, COTRECO se quedó con el 45% de la estatal CReSE, cuando se reemplazó el sistema municipal de recolección de residuos, durante el primer mandato de Ramón Javier Mestre.
Sin embargo, el juez Bustos Fierro tiene parada la investigación contra los empresarios de COTRECO y avanza sólo contra los gremialistas del SURRBaC; lo cuál es criticado en los Tribunales federales de Córdoba.
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