El gobierno nacional homologó mediante el Decreto 788/2019 que lleva la firma de Mauricio Macri un nuevo régimen de contratación de empleados públicos que crea un sistema de remuneración propio con altos salarios, baja los requisitos para la contratación e impone el pago de millonarias indemnizaciones en caso de que quieran removerlos en un próximo gobierno. El gremio de abogados del Estado rechazó el nuevo sistema y acusó que tiene como finalidad "facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.
El Destape había adelantado en Agosto que mediante la publicación de las actas publicadas el 22 de julio y el 6 de junio, el gobierno nacional firmó un convenio con el gremio UPCN que modifica el Convenio Colectivo de Trabajo dictaminado con el decreto 214 del 2006 y establece un marco de contratación especial para los empleados que integren la Alta Dirección Pública. De acuerdo a datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los funcionarios beneficiados con la modificación son 2500 y forman parte de todos los ministerio del Estado.
De acuerdo al acta, el funcionario de mayor rango -director nacional o general- cobrará por mes 7941 unidades retributivas que cada una vale 33 pesos y que elevan el sueldo mensual a 262 mil pesos.
La operatoria del gobierno generará un problema para el próximo gobierno: con salarios superiores a los 250 mil pesos y un régimen de contratación de cinco años que impide el despido, los funcionarios que haya designado el macrismo serán casi intocables y podrían ocupar áreas claves en el próximo gobierno. Los gremios se preguntan por qué otorgan este beneficio en un año electoral y cuál es el motivo de homologarlo luego de perder las elecciones en primera vuelta. La respuesta es atornillar a cuadros técnicos del macrismo en el Estado y condicionar a Alberto Fernández.
La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) presentó un amparo para impedir la aplicación del régimen y denunció: "Se crea un sistema remunerativo especial e indemnizatorio para ellos, sin fundamento alguno, violando el principio de igualdad ante la ley, comprensivo de la igualdad de oportunidades y de trato (art 16 CN), sin sustento razonable alguno (art. 28, CN), en detrimento de los agentes alcanzados por el SINEP".
Entre los requisitos que bajan para poder dar lugar a los funcionarios del actual gobierno figuran: una reducción a un año de estabilidad en el cargo para poder concursar (antes era de cinco) y una prueba que pasó a ser de seis meses cuando antes era de un año. A su vez establece una millonaria indemnización.
La situación en el poder judicial es favorable al macrismo por el momento. La AGAE presentó un amparo y pidió que se aplique una medida cautelar que fue rechazada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, a cargo de José Ignacio Ramonet. La asociación de Abogados apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones la decisión de Ramonet, quien es conocido por haber trabado un embargo contra la familia de Hugo Moyano en una causa iniciada por el supuesto desacato a una conciliación obligatoria.
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El gremio ATE hizo una comparación entre el convenio vigente y el régimen de "Alta Dirección" que homologó en macrismo, donde se destacan los beneficios para los funcionarios macristas.
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