El Gobierno exime del impuesto a los débitos a Pago Fácil y Rapipago

07 de julio, 2017 | 08.33

El Gobierno nacional dispuso que a partir de ahora las empresas de cobro electrónico de impuestos ya no deberán abonar el impuesto a los débitos y créditos bancarios. La medida abarca a firmas como Rapipago, Bapro Pagos, Pagomiscuentas.com y Pago Fácil fundada en la década de los '90 por SOCMA.

A través del decreto 485/2017, con la firma de Macri, Marcos Peña y Nicolás Dujovne, se incorporó a las actividades exentas de pagar el tributo de 0,6% para todas las transferencias entrantes y salientes a las "Cuentas y/o subcuentas, inclusive virtuales, utilizadas en forma exclusiva en la administración y operatoria de transferencias a través del uso de dispositivos de comunicación móviles y/o cualquier otro soporte electrónico, y las cuentas y/o subcuentas, inclusive virtuales, utilizadas por las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas y los agentes oficiales que se designen a los fines de cumplimentar esa tarea".

Según los considerandos de la medida, se busca con esto "el fomento de la bancarización, la eliminación de las barreras de acceso de la población a los servicios financieros y la reducción del uso del dinero en efectivo en pos del dinero electrónico".

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De esta forma, las cuentas que las empresas de cobranza utilizan para recibir y transferir los fondos ya no pagarán más el tributo. Esto alcanza también a los comercios que operan como agentes de las citadas compañías.

En febrero, dichas empresas anunciaron que comenzarían a utilizar tarjeta de débito para el cobro de impuestos .

Según explica el decreto, "dadas las condiciones que fija el aludido inciso, las empresas en cuestión se verían imposibilitadas de acceder a la franquicia allí establecida si intervienen en el marco de la operatoria del sistema de transferencias para ser utilizado a través de dispositivos de comunicación móviles y/o cualquier otro soporte electrónico".

Pago Fácil fue fundada por el grupo SOCMA a comienzos de la década del '90. En 2006, la firma internacional Western Union compró la totalidad de las acciones de esta compañía, que Macri intentó expandir hacia Braisl y que usó como argumento para justificar la aparición de las firmas offshore durante los Panamá Papers.